Remarcó que la Constitución Nacional de 1992 previó los mecanismos para garantizar la anhelada independencia judicial mediante el artículo 248, que dispuso la autarquía presupuestaria, la selección de magistrados por la Corte Suprema a propuesta de una terna del Consejo, la inamovilidad de los magistrados y su enjuiciamiento y remoción ya no por “capricho” de un gobernante de turno, sino con base en la decisión de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Sin embargo, sentenció que toda esa infraestructura institucional y ese diseño constitucional han sido absolutamente insuficientes para lograr la independencia judicial y mejorar la calidad de la Justicia.
Hoy el gran desafío que tiene nuestra democracia en el ámbito institucional tiene que ver con la independencia judicial.
MAYORÍA CÚPULA. Filártiga remarcó que no hay sentencias firmes por delitos de corrupción pública. Significó que a ello se suman los hechos sucedidos en los últimos días como la confirmación de César Diésel como ministro de la Corte Suprema luego de un “proceso secreto y plagado de irregularidades” en el Consejo de la Magistratura.
Agregó que la nominación del diputado Hernán Rivas como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados –sin poseer título de abogado– es otro factor que denota la partidización.
“Un ignoto abogado recientemente recibido sin ningún tipo de trayectoria como representante de la Cámara de Diputados es una confirmación fehaciente del manejo partidaria sobre la Justicia”, sentenció el analista.
Apuntó que el problema no es la politización, sino la partidarización de la Justicia. “No es posible que pretendamos que un poder del Estado sea apolítico, pero sí, sobre todo con la responsabilidad constitucional que tiene el Poder Judicial de administración de Justicia debe estar desprovisto de condicionamientos sectarios y partidarios”, aseveró Filártiga.
La preocupación ciudadana gira en torno a que estos partidos políticos han cooptado todos los espacios públicos de toma de decisiones. “Todos los órganos son tomados con sus mezquinos intereses; es un elemento que debe ser atendido para poder soñar con un Poder Judicial independiente en Paraguay”, concluyó, agregando que también las universidades nacionales así como los gremios de abogados están pasando por la misma situación de control partidario.
Todos los informes confirman
Camilo Filártiga sacó a colación que los informes internacionales sobre democracia, el Latinobarómetro, así como el informe del Índice de Capacidad para combatir la corrupción publicado la semana pasada, además de diversas encuestas internacionales sobre democracia y justicia, confirman la vigencia de la corrupción y la impunidad en el país. En ese sentido, algunos referentes insisten con la necesidad de impulsar una reforma real en los niveles de justicia.
