Unos 185 millones de dólares son reclamados al Paraguay en tres casos, por lo que la Procuraduría tiene que defender al país en estos puntos. Dos de ellos son reclamos por contratos incumplidos y el último es el conocido caso de Gustavo Gramont Berres.
“Tenemos una audiencia por una de las causas arbitrales el 11 de noviembre en Washington DC (EEUU), en donde vamos a ratificar una objeción a la competencia del tribunal arbitral que ya fue articulada y que se verbaliza en una audiencia que a ese efecto se convoca”.
Explicó que en el contrato con la firma holandesa que reclama por servicios de seguridad en embarques en puertos europeos en la década del ?90, se estipuló la renuncia a la jurisdicción internacional y se acepta la competencia de los tribunales del Paraguay, por lo que ese tribunal no puede entender en el caso.
Lo mismo pasa con otro caso similar, de otra empresa, aunque en esta última aún no se fijó una audiencia. En ambos casos, son unos 100 millones de dólares, más los 85 millones de dólares del caso Gramont Berres. Alega que desean “iniciar o retomar conversaciones con relación al tema de fondos, donde el Gobierno quiere ser lo bastante serio para plantear soluciones definitivas”.
Criticó a los gobiernos anteriores que tenían una posición lírica de no pagar, pero “eso significa comprometer el patrimonio estatal en el futuro. Alguien, en algún momento, tiene que “tomar el toro por las astas”.