El Estado paraguayo dispone de tres meses para presentar una respuesta a la petición, como parte del proceso previo para que la institución declare admisible o no la petición.
En abril de 2001, los directivos de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP), entonces, los periodistas Rubén Penayo y Beatriz Pompa, solicitaron datos relativos a la actuación y funciones del Consejo de Administración de la entidad Itaipú Binacional, con base en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Sin embargo, los datos les fueron negados, por lo que recurrieron a la Justicia reclamando el cumplimiento del derecho.
El juez Guillermo Trovato falló a favor de la SCP. Pero en segunda instancia, un tribunal le dio la razón a Itaipú, por lo que los comunicadores recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, con una consulta de constitucionalidad, que fue rechazada. Agotadas las instancias nacionales, la SCP recurrió a la CIDH, en mayo de 2022.
La intención era saber la cantidad de sesiones, el orden del día desarrollado y las posiciones sustentadas por los consejeros paraguayos. Ante esto, Itaipú dio solo una lista de la cantidad de sesiones que tuvieron, pero no les proveyó los demás puntos.
