Política

CIDH no establece en su informe el monto que debería pagar Paraguay

Arrom y Martí denunciaron al Estado paraguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dicho organismo concluyó que nuestro país es culpable de tortura y secuestro.

En los primeros días de febrero, el Estado paraguayo debe presentarse ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), para defenderse ante la denuncia presentada por Juan Arrom y Anuncio Martí ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que dicho organismo concluyera que el Estado paraguayo es culpable de los actos de tortura y de la desaparición forzosa de los citados.

Tras estas conclusiones, la CIDH realizó una serie de recomendaciones al Estado, como ser el resarcimiento económico a Arrom y Martí, pero en ninguna parte del extenso informe (44 páginas) se menciona el monto que debe abonar el Paraguay en caso que la Corte IDH falle en su contra. Sin embargo, el procurador general de la República, Sergio Coscia, había manifestado que la denuncia solicitaba el pago de 63 millones de dólares, aunque en un principio dijo que era de USD 80 millones.

“Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción”, es lo que reza la primera recomendación de la comisión.

Arrom y Martí fueron acusados por el Ministerio Público por el supuesto secuestro de la señora María Edith Bordón de Debernardi en el 2001. Ambos huyeron al Brasil donde consiguieron su estatus de refugiados y posteriormente denunciaron al Estado paraguayo por supuesta tortura y privación ilegal de libertad.

De acuerdo con los denunciantes en contra del Estado, los mismos fueron secuestrados y torturados desde el 17 hasta el 30 de enero de 2002, por efectivos policiales y judiciales, quienes, de acuerdo con el relato de los dos involucrados, bajo tortura pretendían que los hombres confiesen ser los responsables del secuestro de María Edith.

INCUMPLIÓ. Ante esta situación, en setiembre de 2017, la Comisión Interamericana, entre otras cosas, concluyó que el Estado paraguayo incumplió su obligación de investigar de oficio, con la debida diligencia y de manera independiente e imparcial, lo sucedido a Juan Arrom y Anuncio Martí, incluyendo los múltiples indicios de participación de agentes estatales, que, según la CIDH, son consistentes en los aspectos esenciales. “En consecuencia, la comisión considera que corresponde otorgar valor probatorio a dichos indicios, pues como indicó la Corte, concluir lo contrario sería permitir al Estado paraguayo ampararse en el incumplimiento de sus obligaciones bajo la Convención Americana”, expresa parte del documento.

Añade asimismo que la comisión recuerda que no le compete determinar responsabilidades penales individuales, sino determinar si existen suficientes elementos que, vistos en su conjunto, permitan concluir la participación del Estado en los hechos.

“La comisión ya recapituló tales elementos, los cuales se ven reforzados por la falta de investigación adecuada de los mismos por parte del Estado. En consecuencia, la comisión encuentra cumplido el elemento de participación de agentes estatales en los hechos alegados”, remarca el informe.

La Corte IDH citó a los denunciantes y al Estado para presentarse el 6 de febrero.

El secuestro de María Edith de Debernardi
María Edith Bordón de Debernardi fue secuestrada el viernes 16 de noviembre de 2001, a las 9.15, cuando iba a subir a su camioneta luego de realizar sus ejercicios cotidianos en el parque Ñu Guasu de Luque.Tras permanecer 64 días en poder de sus secuestradores, fue liberada con los ojos vendados, en la madrugada del martes 19 de enero de 2002, luego de que se pagara un millonario monto, según los afectados.Con este hecho se inició la serie de secuestros registrados en nuestro país, realizados supuestamente por los líderes del Partido Patria Libre, Juan Arrom y Anuncio Martí, agrupación que fue la base para el surgimiento del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Por el citado secuestro de la mujer, los primeros condenados fueron José́ Tomás Rosa, su esposa Nidia Grisel Espí́nola de Rosa, y De los Santos Saldí́var. Posteriormente fueron sentenciados como autores materiales Alcides Osmar Oviedo Brítez, Carmen María Villalba Ayala y Aldo Meza.

Recomendaciones de la CIDH al Estado paraguayo
1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción.

2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de Juan Arrom y Anuncio Martí, de ser su voluntad y de manera concertada. Teniendo en cuenta que ellos se encuentran en Brasil, corresponde pagarles un monto específico para cubrir los servicios médicos que deban sufragar en dicho país.

3. Reabrir y completar la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe.

4. Disponer mecanismos de no repetición que incluyan:
a. Fortalecer la capacidad investigativa del Ministerio Público, en especial en aquellos casos de graves violaciones a derechos humanos, que aseguren el inicio de oficio de la investigación y la debida diligencia en su desarrollo.
b. Adoptar las medidas necesarias para que las actuaciones del Ministerio Público que puedan cerrar definitivamente la posibilidad de investigar graves violaciones de derechos humanos puedan ser sometidas a control judicial.
c. Adoptar las medidas necesarias para que en el desarrollo de las investigaciones y de los procesos penales todas las autoridades cumplan con el deber de respetar la presunción de inocencia y eviten estigmatizar a quienes están siendo procesados en el marco de las medidas de búsqueda de dichas personas.

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