En este sentido, ayer remitió una nota a la CSJ solicitando acceso a los registros públicos de la propiedad y de automotores para poder realizar correctamente los exámenes de correspondencia; es decir, determinar la veracidad de los datos declarados.
Según explicó el contralor general, Camilo Benítez, la interpretación del fallo no requiere de un recurso de aclaratoria, por lo que la semana próxima iniciarán la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, que deben ser desde el año 1998 al 2017, según el pedido formulado y respaldado por la Justicia.
“Con el voto del juez Pedro Mayor Martínez, del Tribunal de Apelación, y el fallo de la Sala Constitucional de la Corte se interpreta que se debe publicar, porque el accionante lo que pide es la publicación, no que se le entregue, y por principio de congruencia hay que dar lo que pide”, explicó el contralor.
Detalló que desde que salió la sentencia iniciaron un proceso de escaneado de los miles de documentos al respecto, y que afortunadamente ya tenía el trabajo hecho en lo que corresponde a las declaraciones presentadas desde el año 2014.
“Tenemos un plazo de 60 días, pero vamos a empezar a publicar desde la semana que viene, el primer grupo va a ser grande, la mayor parte del 2014 para arriba y también lo que logremos escanear para el lunes... Van a estar en una ventana aparte en donde se va a poder ingresar el nombre y número de cédula del funcionario y va a traer las declaraciones juradas de ese funcionario”, detalló.
Dijo que están viendo recursos de financiamiento para poder dar mayor soporte al servidor de la Contraloría, de manera que no caiga con los múltiples ingresos.
“Adelantándonos a esto, suscribimos un contrato con Itaipú y Yacyretá, y eso está bastante avanzado, hay una unidad encargada de la licitación, pero eso va a tardar. Cuando tengamos vamos a poder levantar todos los procesos como el de Fonacide y otros”, dijo el contralor.
Detalló que se van a publicar de los altos cargos, pero faltan de muchos otros funcionarios, por lo que ayer firmó unas mil solicitudes de información sobre funcionarios en diversos cargos desde el año 1998 al 2017.
LEY VIGENTE. El contralor explicó que la publicación de las declaraciones juradas será sobre el pedido respaldado por la Justicia, pero que la ley vigente sigue exigiendo una orden judicial para publicar dichos documentos.
“La sentencia de la Corte se aplica para este juicio puntual, no por eso tenemos que publicar ya todas las declaraciones juradas, la ley vigente sigue exigiendo una orden judicial... La máxima instancia judicial mantiene firme una orden, no cambia la ley, los efectos no son sobre todos los casos... Ahora si mañana te presentás a pedir todo, sí un juez ya no va a negar porque la Corte falló en ese sentido”, señaló.
Sumarian a 500 sin declaración
La Contraloría General de la República (CGR) inició un sumario a un total de 500 funcionarios públicos que incumplieron el requisito constitucional de presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos.
Según detalló el contralor general, esta medida se realiza por primera vez en la institución, ya que en gestiones anteriores no se aplicó la exigencia con rigurosidad ni se aplicaron sanciones por el incumplimiento de la misma.
“Nosotros tenemos hoy abiertos unos 500 sumarios de personas que no presentaron su declaración jurada de bienes, eso tenemos en trámite y es algo histórico porque nunca se hizo antes. Nosotros, cuando entramos, realizamos eso como primera medida, ya sea los que no presentan como los que presentaron tarde”, explicó el contralor general Camilo Benítez.