Hace tiempo que montaron una carpa frente a la sede comunal para exigir el cumplimento de un acuerdo firmado por el actual intendente, Miguel Prieto.
Morales había solicitado la calificación de la huelga, que resultó ilegal en primera instancia, pero antes de que quede firme y ejecutoriada procedió al despido de más de 400 personas. La calificación fue revertida en segunda instancia, por lo que debieron ser repuestos en sus funciones o recibir sus respectivas liquidaciones. Esto no ocurrió.
Tras la asunción al cargo de intendente del abogado Javier Zacarías, este también ignoró órdenes judiciales de la misma Corte Suprema de Justicia de manera sistemática, generando una deuda multimillonaria. Buscando poner fin a este conflicto de más de 17 años, hace dos años Prieto y el Sitramucde firmaron un acuerdo de pago en cuotas y cuyo cumplimiento ahora moviliza a los afectados.
El jefe comunal, a su vez, aseguró que se está cumpliendo en la medida de las posibilidades que tienen con los asociados del Sitramucde. WF