El documento contiene fojas distribuidas en 27 biblioratos más 7 tomos, donde se detallan una serie de presuntas irregularidades en las operaciones de empresas vinculadas a Cartes.
Entre los hallazgos mencionados por la CBI, señala que fracasó la Unidad Especializada contra el Contrabando del Ministerio Público. Alegó que nunca se destacó por su intervención en los delitos relacionados con el contrabando de cigarrillos.
Sostuvo que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, “ni siquiera asomó a investigar las diferentes denuncias que involucran al ex presidente Horacio Cartes”.
La CBI accedió a informaciones que dan detalles de la existencia de una ruta interna por donde se transporta el contrabando de cigarrillos desde la salida de depósitos y viaja por las diferentes carreteras con destinos a la frontera seca. Estos puntos están bajo el control de la Policía, que termina ejerciendo una protección cómplice.
El informe sostuvo que el contrabando de cigarrillos utiliza en muchas ocasiones la misma ruta que las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico que transportan cocaína, marihuana y armas.
Recalcó que 23 de las 72 empresas vinculadas a Cartes no tienen un solo inscripto como empleado en el Instituto de Previsión Social, exceptuando a Banco Basa.