La popular frase “Si quieres que algo no funcione, forma una comisión” es atribuida por igual al emperador francés Napoleón Bonaparte como al caudillo argentino Juan Domingo Perón. El estereotipo se puede aplicar muy bien a la Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento del Acta Bilateral relativa a la contratación de potencia de la usina hidroeléctrica binacional de Itaipú y de cuestiones relacionadas al Tratado de Itaipú, según su pomposo nombre oficial, que empezó a trabajar ayer en el Congreso Nacional, en medio de reiteradas manifestaciones de escepticismo y de desconfianza por parte de distintos sectores de la ciudadanía.
Las buenas expectativas que había generado la decisión de crear la comisión, a pocos días de instalada la crisis, se fueron diluyendo a medida que se conocía a quienes la integran. Dos de sus miembros iniciales, el senador colorado oficialista Silvio Ovelar y el senador colorado cartista Sergio Godoy, decidieron apartarse ante los primeros cuestionamientos. Sin embargo, la permanencia de legisladores como Colym Soroka (ANR), Justo Zacarías Irún (ANR), Sergio Rojas (PLRA) y Walter Harms (ANR), o los senadores Rodolfo Friedmann (ANR) y Abel González (PLRA), considerados muy cercanos a las actuales autoridades del Gobierno que deben ser objeto de la investigación, despierta dudas acerca de la posible rigurosidad del trabajo de la comisión. ¿Cómo se puede investigar con independencia cuando varios de sus miembros son aliados o cómplices políticos de los principales investigados?
El clima de desconfianza y falta de credibilidad aumentó cuando se puso en evidencia una maniobra para excluir de la comisión a la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional, quien estaba nombrada originalmente como la única legisladora que no pertenece a los dos principales partidos políticos. Al quitar de en medio a una de las voces críticas del Congreso, se ha restado pluralidad a la CBI, dejando como inevitable la sensación de que se buscaría encubrir, antes que descubrir, en el mismo espíritu del pacto político entre el cartismo y el abdismo para evitar el juicio político al presidente Mario Abdo Benítez y al vicepresidente Hugo Velázquez.
Aunque algunos integrantes, como el senador liberal Eusebio Ramón Ayala o el diputado, también liberal, Fernando Oreggioni, mantienen una trayectoria de credibilidad, serían minoría ante un sector políticamente más afín a los principales referentes del Poder Ejecutivo.
Ante este dilema, a los integrantes de la Comisión Bicameral de Investigación solo les queda la opción de legitimar las dudas, realizando una tarea que resulte intrascendente y un informe que acabará, como tantos otros, en el archivo de los papeles dormidos en el Congreso, o que, por el contrario, respondan a los desafíos del crucial momento político y consigan vencer al escepticismo, realizando una tarea de investigación seria y rigurosa, que consiga aclarar qué fue lo que realmente pasó con la negociación secreta del acta y el supuesto intento de negociado con la venta de energía, y aporten datos valiosos para que los responsables de lo ocurrido sean debidamente sancionados ante el sistema de Justicia.
