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Caso Quintana reafirma el signo de la Cámara de la vergüenza

La escena del diputado oficialista Ulises Quintana, imputado por delitos vinculados al narcotráfico y lavado de dinero, sentado nuevamente en su banca del Congreso reafirma por qué la Cámara Baja es conocida popularmente como la Cámara de la vergüenza. A la criticada decisión de la jueza Magdalena Narváez de dejar en libertad al legislador, a pesar de estar procesado por delitos que no permiten la libertad condicional, se suman los desaciertos políticos con que se manejó el caso, incluyendo el “error” de haberle concedido permiso, algo no previsto en la legislación. Una vez más, la sospecha de injerencias políticas en la Justicia se ponen de manifiesto. La ciudadanía sigue esperando cambios y mayor transparencia.

Aunque hubo numerosas críticas a la resolución de la jueza Magdalena Narváez, quien el lunes último decidió dejar en libertad ambulatoria al diputado del movimiento oficialista Colorado Añetete Ulises Quintana, a pesar de que se encuentra imputado e investigado por tráfico de drogas, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, nada pudo impedir que el legislador por Alto Paraná aparezca ayer en el recinto del Poder Legislativo y ocupe nuevamente su banca.

Aunque los miembros de la bancada colorada cartista decidieron retirarse en protesta y la sesión tuvo que ser suspendida momentos después por falta de cuórum, la imagen del legislador imputado sentado nuevamente en su banca se convirtió en una de las imágenes del día, reafirmando el signo que ha hecho que la Cámara de Diputados sea popularmente conocida como la Cámara de la vergüenza.

La repentina medida adoptada por la jueza Narváez al liberar a Quintana ha instalado de nuevo la fuerte presunción de injerencia política en la Justicia. Mas allá de que el legislador resulte o no culpable, algo que tendrá que ser resuelto por la Justicia, lo cuestionable es la manera en que se ha manejado el caso desde sus inicios.

Ante las acusaciones de la Fiscalía y la Senad, que sostienen que Quintana estaba estrechamente relacionado al presunto capo narco Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, detenido en setiembre de 2018 en el marco de un operativo de investigación denominado Berilo, los demás legisladores, en lugar de plantear la figura de la pérdida de investidura, como en otros casos, decidieron concederle “permiso” a su colega, una figura que no está contemplada en la legislación para una situación como esta.

La medida dispuesta por la jueza Narváez, al dictaminar la libertad ambulatoria del diputado Quintana, tiene varios reparos. En primer lugar, no corresponde aplicar medidas sustitutivas a la prisión a quienes estén imputados por narcotráfico y otros crímenes graves, ya que están sujetos a penas de entre 5 a 15 años de cárcel. Entre otras irregularidades, según los especialistas en leyes, tampoco corresponde admitir garantías sobre bienes embargados, como se hizo en este caso, ya que dichos bienes no están tasados ni poseen certificados de dominio.

Lo particular es que el escándalo desatado por el mal manejo político del caso Quintana tiene mucho que ver con el juego de poderes en el Parlamento, ya que al asumir nuevamente su banca el legislador –aún procesado por narcotráfico y otros delitos graves– agrega un voto más a favor de la bancada oficialista de Añetete y anula un voto de la bancada colorada de Honor Colorado –movimiento liderado por el ex presidente Horacio Cartes–, en un momento en que cada voto resulta decisivo para decidir cuestiones como la reforma tributaria, que ayer se aprobó en general en una sesión extraordinaria.

Una vez más, los intereses sectoriales partidarios se imponen sobre los intereses generales. Por ello, la ciudadanía debe seguir movilizada y en lucha para buscar que se produzcan los necesarios cambios democráticos y poder lograr de este modo una mayor transparencia en el ámbito político.

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