“Con preocupación y solidarizándonos con los reclamos de los integrantes de la familia del fiscal Marcelo Pecci, que de manera lógica han planteado evitar la presencialidad en aquel país, estimamos que resulta legal y comprensible la petición de la familia”, expresaron ayer desde el Colegio de Abogados del Paraguay.
Hace poco, la Corte Constitucional de Colombia decidió que las audiencias y los juicios orales se hagan de forma presencial, lo cual afecta a las citas judiciales llevadas adelante en la investigación del crimen del fiscal paraguayo, asesinado en ese país.
Esto fue criticado por la familia de Pecci, que mostró su preocupación de tener que ir varias veces al mes a Colombia, exponiéndose ante los sospechosos del caso. Fue la viuda de Pecci, la periodista Claudia Aguilera, la que le dijo al juez que no quería volver allí porque esto era una vulneración a su seguridad.
DAN APOYO. A raíz de que hasta ahora no hay respuestas de la Justicia colombiana, Francisco Bernate, el abogado que representa a la familia del fiscal en Colombia, se tuvo que movilizar hasta nuestro país para pedir apoyo del Colegio de Abogados de Paraguay (CAP).
Por ello, se mantuvo ayer una reunión entre miembros del gremio de profesionales del Derecho y el abogado extranjero. Posteriormente, anunciaron que solicitarán al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se busque la manera de resguardar la integridad.
“En el 2023, la Corte Constitucional de Colombia decide que los juicios deben hacerse a puerta cerrada, de manera presencial. Y aún a sabiendas de la importancia del caso de Marcelo Pecci, se mantuvieron en señalar que debíamos comparecer personalmente a la ciudad de Cartagena. Esto implica dos cosas. Para la familia Pecci tener que ir dos y tres veces por mes a una ciudad a la que seguramente no quieren ir y, en segundo lugar, este proceso avanzó gracias a la colaboración de los diferentes actores”, explicó Bernate.
Bernate expresó que el hecho de exigir a que la familia de Pecci vaya hasta allá (Colombia) significa exponer sus vidas, su integridad, en su paz y su tranquilidad.
“La Fiscalía General de Colombia le ha pedido al Estado colombiano desde febrero de este año que nos proteja a mi familia y a mí. No ha sucedido, no ha sido posible”, lamentó el abogado.
Por su parte, desde el CAP manifestaron su apoyo total al pedido, refiriendo que también el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia se sumaron a la solicitud ante la Relatoría Especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (sustituido ahora como Consejo), “a fin de que los mismos presenten por las vías correspondientes los requerimientos que de manera efectiva y verificable resguarden la vida integral”.
El fiscal antimafia Pecci fue asesinado de un balazo en una playa privada de la ciudad de Cartagena, Colombia, cuando disfrutaba de su luna de miel. El agente se encargaba de causas contra el crimen organizado y el narcotráfico.
