Un procedimiento policial de desalojo de campesinos que ocupaban tierras en Marina Cué que fueron destinadas a la reforma agraria terminó con la muerte de 11 labriegos y seis efectivos de la Policía Nacional.
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Más de 300 uniformados participaron del operativo en las tierras que la familia Riquelme declara como suyas por un proceso ilegal de usucapión. En principio, el Gobierno de Horacio de Cartes defendía la propiedad como estatal, pero luego la aprobó como una donación de la firma Campos Morombí.
Por la masacre fueron condenados 12 campesinos, entre ellos un menor de 17 años, pero ninguna autoridad fue procesada por la muerte de los labriegos.
Las condenas más duras fueron para Rubén Villalba, con 30 años de cárcel más 5 de medidas de seguridad; Luis Olmedo con 20 años; Arnaldo Quintana y Néstor Castro con 18 años.
Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López fueron sentenciadas a seis años de prisión y cumplen su pena en sus domicilios, en tanto que Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro, con cuatro años de cárcel, ya se encuentran en libertad.
