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Caso Curuguaty: Ministro del Interior anunció reparación para víctimas

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, anunció medidas de reparación a favor de las personas y familias afectadas por la masacre de Curuguaty, que tuvo como saldo 11 campesinos y seis policías fallecidos, hace siete años.

El titular del Ministerio del Interior, Juan Ernesto Villamayor, anunció que el Gobierno se encuentra preparando una propuesta que incluirá medidas de reparación a favor de personas y familias afectadas por la masacre de Curuguaty, que ocurrió el 15 de junio del año 2012.

Así se informó este sabádo, a través de un comunicado que fue emitido desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy)

Villamayor indicó que las medidas mencionadas guardan relación con los requerimientos de los dos órganos de las Naciones Unidas, que son el Consejo de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, que habían señalado en el 2013 y 2017 al Paraguay la necesidad de conformar una comisión independiente de investigación para esclarecer los hechos.

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“Yo estoy empezando a trabajar en una serie de medidas. Esa serie de medidas va a ser puesta a disposición del presidente de la República (Mario Abdo) y, una vez que él las tenga, tome la decisión y las autorice, se van a hacer públicas”, había dicho el ministro, en marzo pasado, al equipo que realizó el documental llamado Curuguaty Hoy, que se estrenó días atrás.

Al asumir el cargo, el secretario de Estado había prometido también buscar la filmación aérea del procedimiento que se realizó en el año 2012 en las tierras de Marina Cué y que derivó en la muerte de los agentes y campesinos.

"Las víctimas son de los dos lados, es lamentable que los intereses de ese enfrentamiento no hayan sido esclarecidos", señala Villamayor en el primer capítulo del documental realizado por la Codehupy.

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Entre otras cosas, aseveró que el caso representa "el emblema del lugar al que no se debe llegar" y que deben otorgarles a las familias sus reivindicaciones históricas y finiquitar el caso prestándole los servicios que debe conceder el Estado a cualquier ciudadano.

De la misma manera, refirió que también se debe reivindicar el trabajo y la memoria de los que cayeron vistiendo el uniforme y cumpliendo la misión que la Ley les encomendó.

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El secretario de la Codehupy, Óscar Ayala Amarilla, sostuvo, en el marco de la recordación de los siete años del hecho, que las medidas de reparación para las personas afectadas y las familias deberían ser de índole moral y económica.

Además, dijo que se deben contemplar mecanismos, tanto legislativos como administrativos, para impedir que hechos similares se repitan.

Mencionó que la Ley paraguaya contempla la indemnización económica a las personas privadas de su libertad de forma arbitraria, lo que le correspondería a los 14 campesinos y campesinas que estuvieron bajo prisión durante el desarrollo del proceso judicial.

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Sobre el punto, recordó que algunos campesinos, incluso, pasaron seis años privados de libertad, hasta que la máxima instancia judicial anuló la sentencia condenatoria.

Uno de los afectados, Néstor Castro, cuenta que lo principal que perdió, en los seis años que estuvo preso, es poder estar con su familia, y que es algo que no se recupera.

El desalojo tuvo también sus consecuencias políticas, ya que el ex presidente de la República, Fernando Lugo, fue destituido por el Senado tras la masacre, el 22 de junio de 2012.

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