La fiscala Adjunta María Soledad Machuca Vidal, encargada del área especializada en recursos de casación, presentó ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia un pedido de aclaratoria del acuerdo y sentencia que absolvió a 11 campesinos, quienes habían sido condenados por la masacre de Curuguaty, el 15 de junio del 2012.
Además requirió la nulidad de dicho fallo, así como de una aclaratoria que fue expedida días después por un error de tipeo.
La representante del Ministerio Público indicó en su escrito que la Sala Penal de la máxima instancia judicial inobservó las claras disposiciones legales que rigen el procedimiento penal, con lo que produjo un quiebre del ordenamiento jurídico, convirtiendo el fallo en una resolución arbitraria.
En tanto por otra parte mencionó que hay una errónea aplicación de lo dispuesto en el artículo 126 del Código Procesal Penal con relación al plazo para aclarar de oficio la resolución.
Esto debido a que las partes ya fueron notificadas sobre el fallo que dejó en libertad a los labriegos.
Por tal motivo recalca que ambas resoluciones deben ser declaradas nulas.
Además Machuca agregó que los camaristas Cristóbal Sánchez, Arnaldo Martínez Prieto y Emiliano Rolón Fernández fueron recusados por los fiscales Nelson Ruiz, Liliana Alcaraz y Leonardi Guerrero por lo que no podían emitir la aclaratoria.
Finalmente la Adjunta ordenó que se integre con otros magistrados la Sala Penal, a fin de estudiar los recursos de casación interpuestos por las defensas técnicas de los procesados Rubén Villalba, Luis Olmedo Paredes, Arnaldo Quintana Paredes, Néstor Castro Benítez, María Fani Olmedo Paredes, Dolores López Peralta, Felipe Benítez, Adalberto Castro, Alcides Ramón Ramírez, entre otros.
