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Caso Arrom y Martí: "Vamos a luchar hasta el final", dice procurador

El procurador general de Paraguay, Sergio Coscia, dijo que se luchará hasta el final para evitar que el país indemnice a Juan Arrom y Anuncio Martí, ante una eventual condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos son investigados por estar implicados en el secuestro de María Edith Bordón.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) decidirá el 7 de febrero si Paraguay debe indemnizar con USD 63 millones a Juan Arrom y Anuncio Martí, quienes denunciaron que fueron torturados en enero de 2002 por los agentes estatales.

Al respecto, Sergio Coscia, procurador general de Paraguay, mencionó este miércoles a radio Monumental 1080 AM que se encuentran analizando todos los defectos de la denuncia a fin de evitar que el Estado los indemnice.

“Nosotros vamos a exponer todo lo que tenemos, nosotros vamos a señalar cada defecto que encontramos y nosotros vamos a pelear. El Estado no se puede entregar, es absurdo lo que piden”, señaló.

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El procurador recordó que el monto fue solicitado a través de la denuncia que se radicó en el 2002, por las hermanas de Arrom y Martí, ante el organismo internacional.

Coscia señaló que el gran temor es que la CorteIDH tiene todos sus antecedentes de fallos en contra del Estado, por lo que se presume que el escenario sería el mismo para Paraguay en este caso.

No obstante, sostuvo que el Estado también merece un principio de inocencia, por lo que demostrarán todos los argumentos en la audiencia establecida en febrero.

Si bien ya hay casos de sentencias en que se establecieron resarcimientos económicos, este alto monto es histórico, de acuerdo con el secretario de Estado.

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó a finales del 2017 que Paraguay es responsable de una violación de derechos, argumentando que se quebrantó el principio de presunción de inocencia de las víctimas al emitir propaganda estatal que calificaba de responsables a Juan Arrom y Anuncio Martí de un secuestro sin condena firme.

En ese sentido, recomendó a Paraguay resarcir económicamente a los dos dirigentes, así como sufragar los costes derivados de la atención de su salud física y mental mientras residen en Brasil.

Paraguay decidió no cumplir con las recomendaciones, razón por la cual la Comisión sometió el caso a la jurisdicción de la CorteIDH, que se reunirá en febrero para definir una condena.

Por otro lado, el Gobierno de Mario Abdo Benítez, anunció en octubre del año pasado que volvería a solicitar a Brasil la revocación del estatus de refugiados de Arrom y Martí, sindicados como responsables del secuestro de María Edith Bordón de Debernardi en el 2001, para que se pueda concluir el juicio.

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