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Caso Arrom y Martí: Conclusión de la Corte IDH en el fallo a favor del Estado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) expuso los puntos por los cuales falló a favor del Estado Paraguayo, en donde confirma que no hubo responsabilidad en la tortura y secuestro de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.

El 13 de mayo pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, dictó la sentencia por la cual declaró que el Paraguay no es responsable de tortura ni secuestro de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán.

Arrom y Martí denunciaron en la Corte IDH el 17 de enero de 2002, que fueron detenidos por hombres armados vestidos de civil, quienes los habrían asfixiado, golpeado e interrogado sobre el secuestro de María Edith Bordón y la organización Patria Libre.

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Ambos permanecieron supuestamente secuestrados hasta el 30 de enero de ese año y tras esto habrían reconocido como sus captores a diversos agentes estatales.

La Corte IDH señaló que no existió prueba que demostrara que las presuntas víctimas estuvieron en manos de agentes del Estado.

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El resumen oficial explica que la gran mayoría de las pruebas presentadas se referían a declaraciones de las presuntas víctimas y testimonios de oídas, las cuales, para ser concluyentes en relación con la responsabilidad internacional del Estado, debían coincidir con otros elementos de prueba.

Los jueces determinaron que las investigaciones realizadas internamente en Paraguay "tomaron en cuenta dichas declaraciones, así como los elementos de prueba que demostrarían la no participación de las personas individualizadas por las presuntas víctimas y concluyeron que no se contaba con elementos suficientes para presentar una acusación en contra de estas personas".

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Los indicios presentados eran insuficientes para concluir que Arrom y Martí fueron privados de libertad por parte de agentes estatales.

La Corte IDH advirtió que en los mismos días en que el Estado tuvo conocimiento de la desaparición de estas personas ya se los estaba buscando, por lo tanto el Estado no incumplió con su obligación de investigar la desaparición.

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Explica que no existían motivos razonables para sospechar que Arrom y Martí habían sido víctimas de una desaparición forzada.

Además, al menos 19 diligencias que los abogados de las supuestas víctimas dijeron que no se realizaron, la Corte pudo comprobar que sí se llevaron a cabo en la investigación.

La Corte concluyó que el Estado no es responsable de las violaciones de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal.

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Tampoco es responsable de la violación de las garantías judiciales ni de la protección judicial. Por lo tanto, al no haber responsabilidad internacional del Estado, no puede haber reparaciones, costas y gastos.

Los ex dirigentes del partido Patria Libre y sus familiares reclamaban en conjunto una indemnización de USD 123 millones.

Arrom y Martí estaban imputados por el delito de secuestro y según el Estado gozaban de todas las garantías judiciales, pero antes de la audiencia preliminar del caso partieron hacia Brasil en 2002, en donde les fue otorgado el estatus de refugiados.

Siete sentencias del Estado paraguayo

Desde que firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José de Costa Rica, el Estado paraguayo recibió sentencias en siete demandas. Perdió en todos los casos presentados ante esta instancia, aunque hasta el momento solamente cumplió totalmente con una condena.

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