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Caso Arrom y Martí: Codehupy sostiene que el Estado pretende bajar la protección en DDHH

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Cohedupy) sostiene que el Estado promueve bajar el umbral de protección que tiene el Paraguay en materia de derechos humanos. Alegan que el Gobierno difunde información falsa sobre la situación del caso Arrom y Martí.

Por medio de un comunicado institucional, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) manifestó este martes su postura acerca de la situación de Juan Arrom y Anuncio Martí. Sostiene que el Estado paraguayo busca minimizar y renunciar a la protección de los derechos humanos a través de organismos internacionales.

Al inicio del documento, Codehupy explica que funcionarios del Poder Ejecutivo, parlamentarios y agentes del Ministerio Público calificaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como protectores de criminales, parcialistas e ideologizados, tras la recomendación y el tratamiento que los organismos sugieren en el caso Arrom y Martí.

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Como hechos que favorecen a bajar la línea de protección, Codehupy menciona que los funcionarios y autoridades públicas propagaron información falsa sobre una condena inexistente que, además, supuestamente obligaría al Estado a pagar una suma sideral a Arrom y Martí.

La Coordinadora también sostiene que los servidores públicos han hecho declaraciones falsas en cuanto a la supuesta indefensión del Estado y sobre los resultados de la CIDH y la Corte IDH.

Ante esta situación, Codehupy manifiesta que es “evidente el interés de las autoridades en que el Paraguay renuncie a que órganos internacionales de protección controlen su actuar”.

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Además, señalan que, históricamente, estos órganos internacionales han permitido la reparación de derechos hacia víctimas del actuar o de la omisión estatal, entendiendo casos de muerte de adolescentes, de indígenas, restituciones territoriales indígenas y modificaciones legislativas que otorgan mayores garantías de protección a la población paraguaya.

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“Es así que con estas declaraciones el Estado desconoce no solo su propia historia de violación de derechos humanos, sino también falta a su deber principal de promover los derechos humanos”, reza el documento.

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La Coordinadora menciona que, con esta situación, Paraguay constituye un quiebre dentro de las obligaciones firmadas como Estado Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) desde 1989, y propugna el rechazo de las decisiones de la CIDH y la Corte IDH con Gobiernos que suscriben violaciones de derechos humanos, entre los que citan a Venezuela y Nicaragua.

Por último, consideran que el Gobierno de Mario Abdo Benítez debería rectificar la situación y ser el principal interesado en aclarar los hechos de tortura y desaparición para demostrar una verdadera democracia ante la comunidad internacional.

El documento concluye que de ir en sentido contrario, el Gobierno alienta la impunidad, deja desprotegida a la población ante los abusos de poder y ubica internacionalmente al Paraguay en una posición marginal.

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