Economía

Casas de créditos estiman que el año cerró con cartera de USD 500 millones

Las 31 firmas agremiadas a la Cámara de Empresas de Crédito (Crecer) –la nueva denominación de la cámara de casas de crédito– cerraron el año con una cartera evaluada en unos USD 500 millones.

Luis Montanaro, miembro de Crecer, dijo ayer que el 2017 en los balances financieros fue un año con poco margen de ganancias; sin embargo, destacó los importantes avances que tuvieron como gremio.

Recordó que desde marzo del año pasado cuentan con una central de riesgo unificada en el sector, que está siendo manejada por la firma Bicsa, y que les ha permitido disminuir riesgo a la hora de otorgar nuevos créditos.

“Hubo un sinceramiento en el mercado; mucha gente que tomaba créditos, pero que ya estaba excedida, hoy ya no recibe ese préstamo. Esto genera un impacto en la facturación, pero entendemos que a largo plazo se depura el sistema y tendrá su efecto positivo”, afirmó.

denominación. El cambio de denominación por el nombre Crecer, dijo es para diferenciarse de aquellas empresas que no forman parte de la cámara, y que serían unas 170.

“El universo de este negocio es muy amplio, y si bien aún no estamos regulados por el Banco Central, somos firmas que aportamos a Tributación, emitimos títulos en la Bolsa de Valores y hemos iniciado este proceso de inscripción ante la Secretaría de Prevención contra Lavado de Dinero (Seprelad), que pasó a ser nuestro regulador”, afirmó.

Al respecto, señaló que este grupo de casas de crédito ya iniciaron la presentación de los datos requeridos por Seprelad para recibir el registro para operar en el sistema financiero.

La disposición que emitió la institución del Estado, les obliga a informar sobre la procedencia de los fondos con los que otorgan sus servicios y quiénes son sus accionistas.

Desde el 1 de febrero corre el plazo oficial para realizar el registro; sin embargo, en la página de Seprelad las firmas ya pueden hacer la carga de los documentos.

Finalmente, mencionó como positiva la decisión que tomó el Congreso Nacional de sancionar la ley de presupuesto estableciendo como límite de descuento automático hasta el 50% del salario de los funcionarios públicos.

La modificación que habían planteado la Cámara Alta en la ley de presupuesto, era de un tope de hasta 25%, un porcentaje que para las empresas del sector era muy bajo.

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