Es una propuesta que no se justificaría en razón de que la población en todas las franjas de edad decrecen, en especial la juvenil, a raíz de migración interna y externa, ante la falta de oportunidades muchas veces vinculadas a la corrupción de los políticos locales.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población disminuye, lo que lleva a pensar que la oferta académica en la zona respondería más a una intención de saciar a la clientela política de Adorno y su clan.
El auge de las universidades, tanto de carácter público como privado, de nuevo, tienen como condimento el interés político que se gesta detrás, en este caso apetecible a las intenciones del diputado José Domingo Adorno.
En la exposición de motivos del proyecto, que data de octubre y para la cual la Cámara organiza mañana una audiencia pública, se expresa que “la ley que nos ocupa, surge de una imperiosa necesidad para los habitantes del XVII Departamento de Alto Paraguay, a raíz del continuo crecimiento de la población, más aún en la franja etaria de jóvenes, quienes necesitan sin más prórroga proseguir sus estudios terciarios”.
Los datos técnicos del INE echan por tierra el fundamento sobre el “crecimiento” poblacional de la zona, pues indica que la población decrece en especial en la franja infanto-juvenil.
“En este departamento se observa un descenso de la población de niños y adolescentes, mientras que la población de adultos jóvenes se mantendría”, dice el censo.
Idéntico. Cabe mencionar que, coincidentemente, el proyecto de creación de la Universidad Nacional en Alto Paraguay, es tanto en la exposición de motivos, así como en los objetivos puntuales e inmediatos, igual a una presentada por el ex diputado Edwin Reimer, pero que representaba a Boquerón. Este había formulado en junio de este año su solicitud para que una universidad tenga como sede su departamento.
En tanto, Adorno pide que la misma sea en Alto Paraguay.
Blanqueo. Al inicio de este periodo legislativo, el hermano del diputado Adorno, Hilario Adorno, quien es intendente de Puerto Casado, fue blanqueado por la Cámara de Diputados, al rechazar un pedido de intervención.
