En vísperas de entregar el poder, el presidente Horacio Cartes firmó el Decreto presidencial Nº 9362 mediante el cual fueron nombrados 1.500 funcionarios que se encuentran en categoría de profesional sanitario.
La decisión de Cartes, a punto de dejar el sillón presidencial a su sucesor Mario Abdo Benítez, obedece a la presentación realizada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en la cual solicita el nombramiento de los funcionarios de la mencionada cartera de Estado.
El decreto presidencial argumenta que el artículo 57 de la Ley 6026 aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018. La misma autoriza la implementación gradual de una política de desprecarización laboral del personal contratado que realiza funciones en relación de dependencia en la función pública.
Esta política de desprecarización se realiza con base en el procedimiento que será establecido en la reglamentación y que afecta a aquellos funcionarios contratados que cuentan como mínimo con cuatro años ininterrumpidos de servicio.
El gobierno de Cartes se jacta de que durante su administración hubo la menor cantidad de personas que ingresaron en la función pública en comparación con la era de Nicanor Duarte Frutos y de Fernando Lugo.
En su presentación estadística señalan que en la administración de Duarte Frutos había 182.587 funcionarios; mientras que en la era de Lugo se incrementó a 230.840 empleados públicos; y bajo su periodo llega a 229.702.