El presidente Horacio Cartes está barajando fuertemente la posibilidad de vetar el proyecto de autoblindaje legislativo sancionado el jueves en la Cámara de Senadores.
Con su equipo de asesores político y jurídico, el mandatario está centrando su evaluación en la decisión de los legisladores de plantear un fallo judicial definitivo para empezar un proceso de pérdida de investidura.
En las discusiones que se iniciaron en Mburuvicha Róga, cuestionan que con esta ley haya menos trabas legales para quitar a un presidente de la República, a un contralor general, al fiscal o a ministros de la Corte, sin tener una sentencia judicial definitiva.
Con la ley sancionada en el Congreso, un senador o diputado tendrá otra categoría por encima de las demás autoridades del Gobierno y del Poder Judicial, y tendrán mayor blindaje a la hora de determinar su pérdida de investidura. “Es ilógico pensar que a un presidente le podés sacar sin tener una sentencia y para un senador hay que esperar”, señaló uno de los asesores que están trabajando con el mandatario sobre el tema.
Cartes y su equipo analizan si es constitucional o no la ley, y según el asesor, como en todos las discusiones sobre la Constitución, aparecen dos posturas, ya que algunos abogados consideran que es completamente inconstitucional y otros que es constitucional.
Los votos. El Ejecutivo no quiere entrar a discutir sobre la cantidad de votos que se requieren para sacar a un legislador. Considera que es un tema que está en el ámbito de los legisladores definir y que es lógico que se deban encargar de reglamentar el desafuero y la pérdida de investidura.
“Una cosa es sacar el fuero y otra la investidura. Es ilógico que para quitarle el fuero necesiten mayoría calificada y para quitarle la investidura sea mayoría simple de los presentes. En esa discusión no queremos entrar”, subrayó otro colaborador del presidente.
En el análisis tienen en cuenta las posturas que se dan a nivel legislativo, en donde para sacar del cargo al contralor general o al presidente de la República se necesitan 30 votos, mayoría calificada de dos tercios. “No queremos entrar a discutir si 30, 23 o 13 votos. Es una potestad que tiene el Congreso de decidir su propia reglamentación”, dijo la fuente.
La idea es que el presidente de la República defina lo antes posible, ya que el tema es sumamente polémico y está ahora en la cancha del Ejecutivo, que debe dar su postura con la promulgación o el veto.
su aliado. El candidato presidencial de la ANR, Mario Abdo Benítez, confesó el viernes que conversó con el presidente sobre el tema y que le sugirió que vete parcialmente la ley. “Independientemente a la polémica que pueda generar, uno tiene que hablar con la razonabilidad, pero yo estoy absolutamente en contra, y se debería evaluar mínimamente el veto parcial”, expresó Abdo Benítez luego de participar con el mandatario en un almuerzo político en Lambaré.
En el mismo sentido que el presidente y sus asesores, Marito considera que es debatible el tema de los números para la pérdida de la investidura, pero rechaza la idea de que tenga que haber una sentencia judicial para impulsar la figura.
La posición de Abdo Benítez se da a pesar de que tres de sus aliados acompañaron el proyecto de autoblindaje: Enrique Bacchetta, Silvio Ovelar y Óscar Cachito Salomón.
IMPUNIDAD. Por su parte, el candidato presidencial del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, coincidió con su adversario de la ANR en el sentido de que se debe vetar el proyecto de ley que crea el autoblindaje legislativo. “Aquí lo que debería ser una garantía para el ejercicio del cargo pasa penosamente a ser un elemento de impunidad para la comisión de delitos comunes”, sentenció durante un encuentro con intendentes liberales.
En el PLRA, senadores que responden al sector llanista votaron por el proyecto; entre ellos Ramón Gómez Verlangieri, Enzo Cardozo, Zulma Gómez, Fernando Silva Facetti y el propio Blas Llano.
Una fuerte crítica, por parte de la ciudadanía, generaron las posturas asumidas por los legisladores, en momentos en que avanza el último tramo de la campaña electoral con miras a las elecciones generales.
