A ocho años del caso en el que la Fiscalía intervino el penal de Tacumbú debido a que dos adolescentes habían sido violadas dentro de la cárcel y el abuso fue filmado con fines extorsivos, las penitenciarías continúan siendo un terreno fértil para el abuso y la explotación sexual de mujeres.
Apenas días atrás, la Unidad Especializada del Ministerio Público en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual en Niños y Adolescentes allanó la cárcel regional de Misiones, ante la presunción de que un preso realizaba diversos delitos a través de los teléfonos celulares a su disposición dentro del penal, entre ellos el abuso, la extorsión y la explotación sexual de mujeres.
Seis meses antes, la Fiscalía había realizado otro procedimiento dentro del penal para desbaratar otra red de trata de personas que operaba desde la misma penitenciaría.
LOS CASOS. El más reciente operativo en Misiones se realizó ante la sospecha de que un preso, identificado como Charles Albert Arthur David Martínez Camera, no solo realizaba estafas bancarias desde su celda, sino también captaba mujeres para explotarlas sexualmente. En su poder se incautaron varios teléfonos y la Fiscalía terminó imputando a varias personas por diversos delitos informáticos.
En realidad, este caso es un seguimiento a otro que data de diciembre de 2017, cuando la misma unidad fiscal allanó la misma penitenciaría. Esa vez los investigadores fueron hasta la celda de Héctor Hernán Sosa –un condenado por trata de personas y producción de documentos no auténticos– que desde la cárcel utilizaba perfiles falsos en las redes sociales para engañar a jóvenes mujeres y obligarlas a tener relaciones sexuales con terceros.
Por este caso también fueron destituidos funcionarios del penal –y el entonces director del penal, Aldo Ulises Martínez Jacquet fue imputado– debido a que Sosa y otros presos incluso podían salir de la cárcel cuando querían, además de ocupar celdas vip con todas las comodidades posibles.
En abril de este año, el Ministerio Público también detectó que Carlos Miguel Velázquez Torres –un ex oficial de la Policía Nacional condenado a 30 años de cárcel por haber matado a su pareja– presuntamente lideraba una red delictiva dedicada a difundir pornografía infantil relativa a niños y adolescentes, ya sean fotos o videos, a cambio de giros de dinero.
Cuando los investigadores allanaron su celda en el pabellón 8 de Tacumbú, encontraron 12 celulares y unos 40 chips telefónicos.
Opinión
“No cambió absolutamente nada”
“La seguridad sigue siendo muy permeable en cuanto a las cárceles; ya desde el 2010, que fue la primera intervención que tuvo esta unidad con respecto a niñas captadas vía redes desde la cárcel. Hoy veo que realmente no cambió absolutamente nada. Cada intervención que hace la unidad u otras unidades fiscales se nota que siempre hay teléfonos celulares y muchas cuestiones que hacen a la seguridad. Con el tiempo que tienen los presos, con los celulares se van perfeccionando día a día para extorsionar y cometer delitos desde adentro”. Carina Sánchez, fiscala
Utilizan celulares y chips en los pabellones sin control
Los últimos procedimientos realizados por el Ministerio Público dentro de las cárceles revelan que el uso de celulares por parte de los presos es prácticamente liberado. Al respecto, los distintos casos detectados señalan que a partir de un teléfono con conexión a internet, un recluso es capaz de cometer desde extorsiones hasta distintos delitos informáticos e incluso trata de personas con fines de explotación sexual.Investigadores de delitos informáticos también precisaron que en general los internos que realizan llamadas extorsivas o estafas, generalmente cambian de chips telefónicos periódicamente.También indicaron que en prácticamente todos los casos los titulares de estas líneas telefónicas son terceras personas que muchas veces ni siquiera están al tanto de poseer estas cuentas con las empresas telefónicas.Días atrás, el director general de Establecimientos Penitenciarios y Centros Educativos, Víctor Servián, indicó que los centros penitenciarios del país no poseen actualmente bloqueadores o inhibidores de señales telefónicas.“El Ministerio de Justicia no tiene en ningún penal bloqueadores. Primero, por el alto costo de esos aparatos y, en segundo lugar, porque el espectro del bloqueo perjudica a los vecinos de los penales”, comentó el funcionario.No obstante, casos recientes como el del penal de Misiones también revelan complicidad de funcionarios de las penitenciarías. En el caso del preso Héctor Hernán Sosa, el mismo podía salir de la cárcel cuando quería para encontrarse con sus víctimas en moteles.Además, tanto en su caso como en el de Charles Albert Arthur David Martínez, allanamientos a sus celdas demostraron que los hombres contaban con privilegios en sus lugares de reclusión, en comparación al resto de la población penal hacinada.
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