Sin embargo, en la adenda al convenio que plantean actualmente los senadores y que están trabajando directamente con el canciller, Rubén Ramírez Lezcano, para proponer a la UE como alternativa a la derogación del documento, estas instituciones no están involucradas directamente. En una reunión que hubo en el Senado, asistió el ministro de Educación, Luis Ramírez, posteriormente ni los senadores ni el ministro de Exteriores lo mencionaron en la elaboración de la adenda por la que pretenden modificar términos del documento y la administración de los recursos.
El convenio “Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay” alcanza un monto de 38 millones de euros (303.000 millones guaraníes). Había sido firmado por Cancillería en agosto 2020 y ratificado por el Congreso en noviembre 2020. Tiene una duración de 5 años.
El objetivo general del acuerdo es mejorar las competencias y los conocimientos de la población paraguaya mediante una educación de calidad, mediante el apoyo a la implementación del Plan de Acción Educativa 2018-2023.
Los desembolsos de la cooperación financiera no reembolsable estaban previstos 3 partes: En el 2021, ya desembolsado. Sin embargo, aún están pendientes los correspondientes al 2022 y 2023, por los ataques durante la campaña electoral pasada en la que los cartistas, hoy en el gobierno, instalaron que el convenio es un instrumento de la UE para introducir la ideología de género.
APOYO COMPLEMENTARIO. El canciller Lezcano adelantó que entre las modificaciones a ser introducidas en la adenda está cambiar que la administración de los recursos no esté a cargo de las oenegés.
Nuestra fuente diplomática aclaró que no existe tal cosa en el convenio y explicó que en la parte denominada apoyo complementario la Universidad Nacional de Asunción, apoya la formación inicial docente; la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), está para mejorar los resultados del aprendizaje y la educación técnico y profesional; y la única oenegé involucrada es Juntos por la Educación, que está para fortalecer la veeduría del sector educativo; y existe una asistencia técnica al MEC (manejada por la empresa de la Cooperación al Desarrollo de Alemania, GIZ), para mejorar las capacidades del Ministerio y la prestación de servicios educativos. Hasta ayer el proyecto de ley impulsado y aprobado para derogar el convenio no se envió aún al Senado para que siga el circuito legislativo. De este modo, se gana tiempo para apurar la adenda y presentarla lo antes posible a la consideración de la UE que, a su vez, debe someter el asunto al análisis de sus órganos decisorios. Este trámite puede ser rápido o lento según el contenido de la adenda.
