Solo restan siete días para unos comicios a los que 35,8 millones de argentinos están convocados a participar para elegir presidente y vicepresidente que regirán los destinos del país desde el 10 de diciembre y por un mandato de cuatro años, además de renovar parcialmente la composición del Congreso y elegir parlamentarios del Mercosur.
La elección, que se celebra en coincidencia con los 40 años del retorno de Argentina a la democracia, viene precedida por unos comicios primarios desarrollados en agosto cuyo resultado evidenció un electorado partido en tres tercios y sorprendió al posicionar al economista libertario Javier Milei como el candidato más votado en esa instancia.
La mayoría de los sondeos conocidos hasta el pasado sábado ubica en primer lugar a Milei (La Libertad Avanza), seguido por el ministro de Economía, Sergio Massa (Unión por la Patria) y dejando en tercer lugar a Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio). Los porcentajes de intención de voto medidos por las encuestadoras hacen prever que será necesario celebrar una segunda vuelta electoral, previsiblemente entre Milei y Massa, el 19 de noviembre.
La ley electoral argentina establece que para imponerse en primera vuelta un candidato necesita obtener el 45 % de los votos, o bien el 40 % y diez puntos de ventaja sobre el segundo postulante más votado.
Los tres principales candidatos se esfuerzan por romper a su favor el tablero de los “tres tercios”: multiplican sus apariciones en medios, redes sociales y recorridas por el país, mientras alistan sus actos de cierre de campaña y su artillería proselitista final para ser desplegada antes de la mañana del próximo viernes, cuando comenzará a regir el período de reflexión.
Todo hace prever unas jornadas de alto voltaje político como las de la semana pasada, cuando el duelo electoral se endureció al calor de las turbulencias en el mercado cambiario y que el oficialismo achacó a Milei y a otros dirigentes de su formación por declaraciones de estos sugiriendo deshacer inversiones en moneda argentina.
La disputa política no rebaja, sino que alimenta aún más la fuerte incertidumbre que prima entre empresarios, inversores financieros y todo ciudadano sobre los efectos adversos de las medidas que podrían adoptar en materia económica cualquiera que llegue a la Casa Rosada.
El temor a más devaluación, el fantasma de una hiperinflación y el miedo a un potencial desborde social rondan en la densa atmósfera de los días previos a la elección.
