La política fiscal es un instrumento fundamental para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo estratégico nacional. Si bien Paraguay ha dado pasos para mejorar la gestión, le falta mucho todavía. La política fiscal tiene serios problemas para garantizar el financiamiento de las políticas que necesitan los paraguayos y paraguayas.
A pesar del éxito de su economía durante las últimas dos décadas, no hemos logrado dejar los últimos lugares entre los países latinoamericanos en cualquier indicador de desarrollo. El desafío es lograr que el Estado cumpla con su rol garante de derechos e impulsor del desarrollo y para eso necesita una política fiscal que funcione bien.
El Gobierno paraguayo solicitó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la realización de un estudio sobre la gobernanza pública.
En 2018 la referida institución entregó los resultados del trabajo. El documento, además de analizar la situación del sector público paraguayo, incorporó algunas recomendaciones relativas a la coordinación desde el centro de gobierno, el fortalecimiento de los vínculos entre la planificación y el presupuesto, la gestión de los recursos humanos y la implementación de estrategias e iniciativas de gobierno abierto para que los ciudadanos y el sector privado participen en el ciclo de políticas públicas.
En referencia al gasto público, con base en el Principio 8 de gobernanza presupuestaria de la OCDE “Hacer que los resultados, la evaluación y la relación entre coste y prestación sean una parte integrante del proceso presupuestario”, recomienda evaluar los programas de gasto, incluidos los recursos humanos y los gastos tributarios de forma objetiva, rutinaria y regular. Esta evaluación debe enfocarse en la alineación de estos recursos con los objetivos fiscales, las prioridades y necesidades nacionales.
Paraguay no tiene evaluaciones de ninguno de los dos ámbitos.
En el primer caso, para el año 2021 se tiene previsto destinar al pago de las remuneraciones unos USD 3.876 millones. Con respecto al gasto tributario se prevén unos USD 514,2 millones.
En los dos casos se verifican aumentos sin que haya análisis ni evaluaciones que justifiquen no solo los incrementos, sino también los niveles históricos a los que han llegado.
Los recursos humanos son fundamentales, ya que son las personas quienes hacen posible las políticas públicas, mientras que el gasto tributario es el recurso que se deja de cobrar por las deducciones y exoneraciones tributarias y, por lo tanto, significa una pérdida de fondos para las políticas que necesitan las personas.
Dada la relevancia que tienen ambos instrumentos de políticas públicas –recursos humanos y gasto tributario– el Ministerio de Hacienda debe justificar sus niveles y asegurar que sus resultados redunden en beneficio de la ciudadanía.
De otra manera sus funcionarios y autoridades estarían incumpliendo el compromiso de velar por el buen uso de los fondos públicos, razón de ser de la institución a la que representan y justificación del salario que cobran gracias al esfuerzo de la ciudadanía.
