EFE
BUENOS AIRES, ARGENTINA
Los fondos de pensión privada presentarán hoy un plan de reforma del sector al Gobierno argentino para frenar el proyecto oficial que prevé el traspaso de sus fondos al sistema estatal, informó la prensa local.
El plan contempla la libre opción para los afiliados entre el sistema privado y el estatal, y la eliminación de las comisiones de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) en los meses en que estas firmas no registren rentabilidad.
También propone redefinir el destino de los aportes de los trabajadores y la composición de los activos de los fondos privados, que llegan a unos 30.000 millones de dólares, según explicó a La Nación el presidente de la Unión de AFJP, Sebastián Palla.
Esta organización, que reúne a las diez administradoras existentes en el país, presentará el plan en momentos en que el Parlamento analiza el proyecto enviado por la presidenta, Cristina Fernández, que establece el traspaso de los fondos de jubilación privada al Estado, lo cual es rechazado por empresarios y la oposición.
EL JUEVES. El oficialismo busca conseguir la sanción de la iniciativa gubernamental el próximo jueves en una sesión especial de la Cámara de Diputados, para luego ser enviada al Senado, donde deberá ser ratificada para su aprobación.
En tanto, la Unión de AFJP presentará su propuesta en la Casa de Gobierno, en el Parlamento, las asociaciones empresarias y otros organismos estatales con el fin de mantener el sistema de jubilación mixto, tanto privado como estatal.
“Lo importante es que la gente pueda elegir. El sistema de capitalización es sólido, transparente y perfectible”, manifestó Palla, que la semana pasada participó en las reuniones que realizaron comisiones parlamentarias para estudiar el proyecto oficial.
El plan de las AFJP también prevé incentivos fiscales para aportes voluntarios a los fondos privados y la creación de un segundo fondo de capitalización, con inversiones de menor riesgo financiero para los trabajadores de mayor edad.
El titular de la entidad que reúne a las administradoras explicó que se trata de discutir “con tiempo y responsabilidad” una reforma.
“Rediscutamos la composición de las carteras. Lo más sano es tener una composición de activos y de riesgo más diversificada”, añadió Palla, quien especificó que las AFJP tienen el 10% de inversiones de sus afiliados en el exterior y un 55% en títulos de deuda pública argentina.
Por su parte, los legisladores oficialistas admitieron que analizan la posibilidad de incluir cambios al proyecto gubernamental para establecer garantías respecto del manejo de los fondos, un punto reclamado por la oposición.
Varios diputados advirtieron de que el texto oficial no es claro en torno al destino que tendrán los fondos y reclaman garantías para que no sean desviados para otros pagos, en momentos en que el Gobierno comienza a delinear su estrategia con vistas a las elecciones legislativas de 2009.
El titular de la bancada oficialista de Diputados, Agustín Rossi, pidió además “una acción rápida y contundente” por parte de las AFJP ante la decisión de un juez de Nueva York de congelar inversiones de los fondos de jubilación privada.
TRANSPORTE FERROVIARIO
La presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, reivindicó el papel rector del estado para el transporte ferroviario, y firmó el decreto de reestatización de un servicio de trenes de cargas, según se informó ayer. La mandataria fijó esta posición en un artículo publicado por el diario La Gaceta, de la provincia de Tucumán, donde el jueves presidió la reinauguración de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, en su momento los más grandes de América Latina y luego cerrados por la dictadura (1976-1983). En tanto, se conoció el Decreto 1.771 del Gobierno nacional, que pasa a la administración estatal el Ferrocarril Belgrano de Cargas, hasta ahora en manos de una heterogénea sociedad privada formada por tres empresas locales, una china y tres sindicatos. El decreto rescinde el contrato de concesión, ordena el traspaso a dos nuevas sociedades estatales en 90 días y dispone una evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales del concesionario, así como la conciliación de las cuentas, los activos y los pasivos. Desde que fue declarado “en emergencia” en 2006, este ramal de cargas, que atraviesa la rica zona cerealera, recibió subsidios del Gobierno.