Política

“Buscan confundir a propósito”

 

La interventora Carolina Llanes dijo que de manera intencional los representantes legales de la suspendida intendenta Sandra McLeod buscan confundir acusándola de tomarse atribuciones que no le corresponden. Indicó que toda su actuación se ajusta conforme a la Ley 317/94.

Se refiere concretamente al caso de la lista de personas cuyos contratos no fueron renovados. “Destituir funcionarios no es atribución del interventor, renovar o no contratos no es destituir. Son conceptos distintos que de manera deliberada están confundiendo a los efectos de descalificar la tarea de esta intervención. Uno lee un poco la ley y enseguida se da cuenta cuál es la situación”, dijo Llanes.

Mencionó que la ley le faculta el manejo de los recursos humanos y la ejecución presupuestaria. “Renovar o no contratos forma parte de la gestión administrativa del interventor, por lo que no es ninguna usurpación”, añadió.

Dijo que actualmente están en pleno proceso de renovación de contratos de las personas que no tienen objeciones informadas por sus jefes y directores. Los contratos de alrededor de 1.600 personas vencieron el 31 de diciembre de 2018 y dentro de lo establecido en la ley iniciaron el proceso de verificación de cada uno de ellos.

Explicó que a partir del informe de los jefes y directores se ha detectado una lista de personas a quienes se recomienda no renovar. Los directores señalaron las razones en algunos casos y en otros no. Pero ahora surgen algunos nombres de personas con discapacidad física cuyos datos están siendo relevados.

“En los informes de los directores en ningún momento se señaló esta situación, lo cual llama poderosamente la atención; no obstante, ya pedimos todos los documentos a los efectos de determinar cuál es la situación de estas personas”, explicó.

UTILIZADA. Concretamente con relación a la señora Solei Argüello, una profesora de la escuela municipal que es no vidente, explicó que en ningún momento apareció en ninguna lista de no renovación. “Pertenece al plantel de profesoras cuya renovación se hace en coincidencia con el inicio del periodo lectivo, que es a partir de marzo. Ella está siendo utilizada de manera inescrupulosa, su imagen y su persona, para descalificar la gestión de esta intervención. Hablamos con ella y ella misma nos dice que es contratada cuando se inician las clases. Este es un caso que está siendo manipulado”, acusó.

Con relación a Olga Cristaldo González, quien padece una enfermedad, indicó que es una bibliotecaria cuyo jefe recomendó la no renovación del contrato. “En ningún momento dijo el estado de salud de ella. En este momento estamos pidiendo información sobre esa situación”, remarcó.

Referente al caso de Angélica Candia, que aparece en varios videos reclamando, Llanes dijo: “Ella ha sido contratada de octubre del 2018. Su primer salario lo recibió en noviembre del mismo año. Su jefa, Magda Gómez, recomendó no renovar. Le estamos solicitando cuáles son las razones expresas de esa recomendación”.

Llanes comentó el caso del funcionario Faustino Riveros, que es contratado desde el 2006, siendo jefe de división de obras particulares. Su directora, la arquitecta Beatriz Maidana, informó que no se presenta a su lugar de trabajo; sin embargo, recomendó la renovación del contrato. “Acá tenemos el acta, la tarjeta donde no hay ninguna marcación y la propia directora ha informado que no hay reposo médico, ni ningún otra justificación de su inasistencia, sin embargo, ella en el informe que le solicitamos pidió la renovación del contrato”. Llanes habló de manipulación, cuyo objetivo es atacar el trabajo de la intervención. “A qué obedece esta información que estoy dando, de que hay una manipulación evidentemente de todo, entonces estamos verificando caso por caso”, dijo y remarcó que no comete arbitrariedad alguna.

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