El Congreso brasileño aprobó ayer el quinto proyecto de ley que endurece las penas contra la criminalidad en una respuesta directa al asesinato de un niño de seis años en Río de Janeiro que conmovió a todo el país y que ha generado varias protestas contra la violencia
Tras aprobar el miércoles diferentes proyectos para aumentar las penas de los llamados crímenes ''hediondos’’ y limitar los beneficios que pueden ser concedidos a condenados por estos delitos, la Cámara Baja aprobó ayer un proyecto por el que se dobla la pena de adultos que practican crímenes con la participación de menores de edad.
Fernandes murió el miércoles de la semana pasada luego de que un grupo de asaltantes lo arrastrara por la calle durante cerca de siete kilómetros colgado del cinturón de seguridad de un vehículo robado.
El crimen, por el que la policía ya capturó a cinco jóvenes, entre ellos un menor de edad, ocurrió en un barrio de la zona norte de Río de Janeiro, en donde los asaltos y los robos de vehículos son recurrentes.
Tras ser sacada a la fuerza del automóvil que dirigía por los ladrones, la madre de Fernandes intentó retirar al menor, pero no alcanzó a soltar el cinturón de seguridad antes de que los asaltantes pusieran en marcha el vehículo a alta velocidad.
El cuerpo del niño fue encontrado totalmente desfigurado a cerca de siete kilómetros del lugar del asalto.
Pese a las advertencias de varias organizaciones para que no debatieran proyectos de ley contra la violencia en medio de la conmoción por la muerte del menor, los senadores y diputados no sólo pusieron las iniciativas en votación sino que terminaron aprobando leyes más duras que las que habían sido propuestas inicialmente.
Entre quienes pidieron prudencia a los legisladores en estos momentos figuran el episcopado brasileño, el Colegio de abogados y varias organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Apenas la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, por presiones de parlamentarios oficialistas, se abstuvo el miércoles de aprobar un proyecto por el cual se reduce de 18 a 16 años el límite de la edad penal del país.
Uno de los proyectos aprobados restringe los beneficios penales, como libertad condicional o régimen de prisión semi abierta, que pueden ser concedidos a los autores de los crímenes ''hediondos’’, entre los que figuran secuestro, violación, narcotráfico, terrorismo y homicidio calificado. (EFE)