23 ene. 2025

Bloqueos exigen en Bolivia la “verdadera nacionalización”

Camiri, otrora llamada la capital petrolera de Bolivia, inicia hoy jornadas de protesta buscando “una verdadera nacionalización” del sector. Los bloqueos perjudicarán la circulación de Bolivia con Argentina y Paraguay.

EFE
La Paz-Bolivia
Los líderes de la población de Camiri, en el sureste de Bolivia, confirmaron ayer que hoy bloquearán la carretera hacia Argentina y Paraguay para exigir al presidente, Evo Morales, la refundación de la petrolera estatal y “una verdadera nacionalización” del sector.
El vicepresidente del Comité Cívico de Camiri, Mirko Orgaz, dijo a una emisora local que “está todo preparado para iniciar una huelga general con bloqueo de caminos”, luego de que varias poblaciones acordaran secundar las protestas de los camireños.
Camiri, otrora llamada la capital petrolera de Bolivia, se encuentra situada en el Chaco boliviano, 294 kilómetros al sur de la ciudad oriental de Santa Cruz, en una región atravesada por la carretera que va hacia Argentina y Paraguay.
Una de las demandas de Camiri es la concreción de la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la instalación allí de su gerencia de Exploración y Explotación.
RENUNCIA. Juan Carlos Ortiz renunció al cargo de presidente ejecutivo de YPFB el pasado viernes, señalando que existían discrepancias con el Ejecutivo sobre la forma en que debía funcionar la estatal petrolera que él pretendía transformar en una corporación internacional.
Según el dirigente Orgaz, que también es un analista de izquierda de temas de hidrocarburos, la segunda demanda de Camiri “es la reversión de los campos petroleros” al Estado porque, a su juicio, esa sí será “una verdadera nacionalización”.
También piden que el Gobierno asuma de una vez el control estatal de las dos refinerías, una en Cochabamba y otra en Santa Cruz, que fueron nacionalizadas en mayo del año pasado pero aún continúan bajo la gestión de la petrolera brasileña Petrobras.
La nacionalización decretada por el presidente Morales avanzó en Bolivia con la suscripción de 44 nuevos contratos de operación con las petroleras, que entrarán en vigor esta semana cuando hayan sido protocolizados por una notaría.
Pero aún resta que el Estado asuma el control de la unidad de refino de Petrobras y de otras cuatro empresas nacionalizadas en 2006.
Según Orgaz, el Gobierno le ofreció a Camiri instalar allí una gerencia de Petroandina, que tendrá como socios a YPFB y a Petróleos de Venezuela (PDVSA), en lugar de la gerencia de Exploración y Explotación de YPFB como establece la ley de Hidrocarburos.
En Petroandina “YPFB seguirá siendo una empresa fantasma, una cáscara vacía y en la que seguirán operando empresas extranjeras como PDVSA”, cuestionó Orgaz al pedir al Gobierno el envío de sus negociadores al Chaco para dialogar sobre las demandas.

Con Paraguay
Aunque las informaciones provenientes de Bolivia sobre el tema de los bloqueos en Camiri no son muy claras sobre las medidas de fuerza, se cree que el tráfico con la frontera paraguaya será afectado, principalmente para el paso de los vehículos del transporte público que circulan entre los dos países. Recién hoy después de efectivizarse la medida se podría conocer el alcance de la determinación.

Veinte opositores enjuiciados
Más de veinte políticos opositores bolivianos, entre ellos 5 ex mandatarios, se enfrentan a juicios iniciados o reactivados en el primer año de gobierno del presidente Evo Morales, según un informe del diario paceño La Prensa. La comisión de Constitución del Congreso se reunirá mañana para analizar una demanda propuesta por Morales contra los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005) por la presunta violación de leyes en la firma de contratos con empresas petroleras. El presidente de la comisión de Constitución, el diputado oficialista Antonio Sánchez, declaró al matutino que el próximo caso que se tratará será el del ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) por su presunta culpa en la destrucción de más de 40 misiles del Ejército de Bolivia realizada por militares de EEUU. Este juicio también fue impulsado por el presidente Morales, que calificó de una “traición a la patria” la destrucción del armamento boliviano fabricado en China.