Por Adolfo Ferreiro
Cualquiera sean los motivos que puedan sospecharse del presidente de la República por su veto de la Ley 3.181, que elimina la continuidad en sus cargos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia una vez fenecidos sus mandatos hasta la designación de quienes deban sustituirlos, la decisión de vetar tiene un indudable efecto positivo en lo que hace a la institucionalidad y fortaleza del Poder Judicial. Una leve recuperación de los principios que el mismo Nicanor y la totalidad de los partidos políticos parlamentarios lesionaron a un punto casi irreversible con el golpe de Estado perpetrado contra la Corte con el juicio político para decapitarla.
Recordemos que la operación que se llamó, con toda grosería, “la pulverización de la Corte”, barrió con destitución y renuncias bajo presión con una Corte que, con todas sus deficiencias, había avanzado hacia la instalación de un Poder Judicial con cimientos de fortaleza a favor de su autonomía e independencia, acorde con los principios básicos del constitucionalismo occidental. La consecuencia de lo que unánimemente hicieron Nicanor y todos los partidos políticos con la pulverización, un vulgar golpe de Estado con simulacro de juicio político, selló para mucho tiempo el destino de un Poder Judicial y una Justicia vapuleables por la arbitrariedad del poder político de turno y de las conveniencias de la política inmediatista de los poderosos de profesión, sean estos oficialistas u opositores.
La perversa combinación que se estableció en nuestro país entre la instalación constitucional de un sistema contrario a toda tradición rescatable en la materia, al punto de reducir el acceso a las supremas magistraturas a un procedimiento denigrante de obtención de empleo público sujeto a la voluntad absoluta del Poder Ejecutivo de turno sin cuyo acuerdo ninguna designación puede quedar firme, fue perfeccionada con una presunta derogación pretoriana que estableció, como salvaguarda de la autonomía e independencia de la Corte, con sentencias en beneficio de lo que tiene todo país civilizado, al disponer la estabilidad e inamovilidad de los ministros una vez nombrados.
Lo que ocurrió entonces fue una especie de paroxismo de la soberbia ignorante de los políticos en el poder y de una sociedad carente de los conocimientos y la cultura mínima para entender siquiera de qué se trataba la cuestión y sus riesgos. Esto fue posible únicamente por la concertación de todos en un delirio de ambición desmedida de poder. Todos por igual ansían una justicia sometida a sus voluntades y pulsiones de poder. En eso no se diferenciaron colorados, liberales, fadulistas, filizolistas ni oviedistas.
Ahora que se acerca un nuevo reparto de posiciones en la burocracia del Estado, los acuerdos ya no son posibles. La oposición pretendió seguir sacando provecho del auge de mentalidad totalitaria, que lo unió durante un tiempo con el oficialismo, y por razones bastardas pretende desmontar otro dispositivo mínimo para la supervivencia de la democracia y la República: la reconducción tácita. Solamente que esta vez no puede lograr su objetivo porque sus desentendimientos con el presidente de la República, por la disputa electoral, le pusieron freno.
Lo que nos regocija es muy débil porque si el nuevo perjuicio no avanza es solamente por una circunstancia electoral, nada que ver con el proceso de revisión y autocrítica profunda sobre lo que han hecho con el diseño institucional estos políticos y partidos, secundados por una clase intelectual degradada al servilismo, que nos ha colocado en la zona en que nuestra condición democrática y republicana se reduce cada vez más a un remedo que ya apenas ocultan una realidad de confrontación fáctica de un primitivismo aterrador.
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