“Se ha dicho que el mero hecho de trabajar con Goldman Sachs despierta dudas sobre integridad. (...) Esas afirmaciones carecen de fundamento y son completamente inmerecidas. Son discriminatorias contra mí y contra Goldman Sachs”, sostiene el portugués en una carta remitida al actual presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, y publicada hoy por medios lusos.
La respuesta de Barroso, que estuvo al frente del Ejecutivo comunitario entre 2004 y 2010, llega días después de conocerse que Juncker ha pedido a un comité ético “ad hoc” que examine si su nuevo cargo se adecúa al código de conducta aplicable a los excomisarios.
En concreto, argumenta el portugués, “la sugerencia específica” que motiva este estudio es que Goldman Sachs le contrata como representante de un grupo de interés (lobby) “y asesor en relación con las próximas discusiones sobre el ‘brexit’” (la salida del Reino Unido del bloque comunitario), algo que él niega.
“Aunque mi nombramiento fue anunciado después del referéndum del Reino Unido (en el que se decidió el ‘brexit’), la junta acordó nombrarme antes de que éste tuviera lugar”, sostiene Barroso, quien también fue primer ministro de Portugal entre 2002 y 2004.
Entre sus tareas en la entidad figura “dar servicios de asesoría en relación a los negocios que la firma mantiene con sus clientes”, sin que esto suponga en ningún caso “hacer lobby (representar a un grupo de interés) en nombre de Goldman Sachs”.
Asimismo, recordó que su fichaje por el banco de inversiones tuvo lugar 20 meses después del final de su mandato, “periodo que excede los 18 meses” que a este fin fueron establecidos durante su presidencia de la CE.
Con respecto al comité ético que examinará su contrato, Barroso apunta que, aunque no tiene objeciones a esa medida, acciones como esa “no solo son discriminatorias sino que parecen ser inconsistentes con las decisiones tomadas con respecto a otros antiguos miembros de la Comisión”.
Y concluye que, “como alguien que ha dedicado su vida al servicio público”, tiene muy claras cuáles son sus “obligaciones” para con las instituciones europeas, con las que asegura que mantiene su compromiso de actuar “con integridad y discreción”.
