Política

Bajo ataque

 

La sociedad paraguaya enfrenta un conflicto asimétrico violento, que objetiva el control del sistema político y financiero estatal. Quienes nos atacan son organismos delictivos organizados, con buen presupuesto y capaces de tejer alianzas de la más diversa índole.

Como estos mueven economías de gran escala, le disputa a aquel sus elementos constitutivos (población, territorio, gobierno y soberanía).

Y es aquí en donde radica la primera misión de las Fuerzas Armadas según el artículo 173 de la Constitución Nacional. Defender la integridad territorial.

Para nuestro país, las operaciones de seguridad interna implicarán introducir reformas curriculares en la educación militar, inversiones materiales y tecnológicas, a más de cooperación internacional. El soldado de hoy debe tener un alto nivel de entrenamiento, un aceptable equipamiento y determinado autocontrol. Se busca con ello la excelencia y la eficacia operativa, con énfasis en el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Involucrar a las Fuerzas Armadas en estas, no significa “militarizar” a la sociedad a la usanza de la doctrina de la seguridad nacional. “Militarizar” implicaba por entonces violentar a la ciudadanía y sus autoridades bajo control de un comando militar, aspectos que hoy no se compadecen con la verdad, el derecho y la justicia. En la actualidad, por el sistema de control cruzado, ellas actúan conforme con las disposiciones legales bajo control administrativo del Ministerio Público y jurisdiccional de los Juzgados Penales de Garantías.

Entiendo que la resistencia al cambio de paradigma radica en aquellos criterios demostrados científicamente por los profesores Paul Collier, Hanke Hoeffler, Nicholas Sambanis, Fabio Sánchez, Andrés Solimano, Michel Formisano y Renate Mayntz, quienes sostienen que en este tipo de conflictos, la lucha política radica en el control del presupuesto –lícito e ilícito– y no por la eficacia de la norma.

Estimo además que de ampliarse su empleo, estas deben encuadrarse dentro del marco de políticas públicas de seguridad con objetivos operacionales bien definidos, presupuesto bajo control político y una evaluación de sus efectos.

Vía enmienda o no, es necesario que el Gobierno socialice cuáles serán esas nuevas misiones para el debate, el análisis, la discusión y el conocimiento.

Que los cambios propuestos en ningún sentido, priven a la Policía Nacional de su misión constitucional, que le es propia, específica y especializada.

Que la pobreza material e ideológica, ni tampoco las coincidencias o acuerdos políticos, justifiquen dejar a la población, al territorio y a la soberanía nacional en estado de indefensión.



Independiente de cuál sea la fuerza que se emplee, en este tipo de conflictos la lucha política radica por el control del presupuesto, lícito o ilícito, y no por la eficacia de la norma.

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