Luis Bareiro
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El ex presidente de la República Luis Ángel González Macchi, condenado en primera instancia por un caso de coima, quedó finalmente libre de culpa y pena gracias al ministro liberal de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Miguel Bajac, quien echó por tierra su propia jurisprudencia en un inexplicable cambio de criterio.
Bajac, como integrante de la Sala Penal de la Corte, declaró la extinción de la causa que el Ministerio Público inició contra el ex mandatario, alegando que los hechos juzgados son anteriores a la ley que modificó el Código Procesal Penal ampliando los plazos para la resolución de los casos, la que se conoce como ley Camacho.
En calidad de preopinante, Bajac argumentó su fallo citando un caso anterior, el de “Edward Armas sobre cohecho pasivo”. Lo notable es que en ese caso el ministro Sindulfo Blanco señaló que como la imputación se realizó bajo la vigencia de la ley Camacho, esa era la ley que debía aplicarse para establecer los plazos. Bajac y el resto de los ministros estuvieron de acuerdo y se adhirieron al voto de Blanco.
En otro caso más reciente, el de “Nicolás Dagogliano y otros sobre lesión de confianza”, Bajac volvió a fallar en favor de aplicar los plazos de la ley Camacho cuando la imputación fuera realizada bajo su vigencia.
Sin embargo, en el caso de la investigación sobre la cuenta secreta de González Macchi, el ministro liberal opinó totalmente lo contrario, permitiendo la extinción de la causa.
Otro caso llamativo es que en todos los tratamientos de recursos de casación, la Sala Penal corre vista a la Fiscalía General del Estado, que realiza un dictamen técnico previo.
No lo hizo con el caso de González Macchi.
LA COIMA. Antes de que la Corte ratificara la sentencia de un Tribunal de Apelaciones que declaró extinto el caso, la Justicia había condenado a González Macchi por haber recibido en una cuenta secreta, que habilitó en Suiza, más de 700 mil dólares del empresario Reinaldo Domínguez Dibb, cuya empresa Montsol fue adjudicada por González Macchi para la explotación de la Quiniela, pese a que en la licitación correspondiente no hizo la mejor oferta.
Según la Fiscalía, con esta decisión, el ex presidente ocasionó al Estado un daño patrimonial de más de 15 mil millones de guaraníes.