La cartera comunicó, en ese sentido, que se realizó una reunión entre altos funcionarios de la institución con el fin de intercambiar alternativas de regulación con perspectivas a las nuevas funciones asignadas.
La normativa en cuestión encomienda la instauración de un sistema nacional de suministro público, compuesto por una cadena integrada que incluye a las etapas de planificación, programación, gestión de contrataciones, administración de los bienes y evaluación de las metas.
El Ministerio de Hacienda, a partir de esto, tiene a su cargo diseñar las políticas y ejercer la rectoría sobre todo el sistema, con la colaboración de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la fase de la gestión de compras.
El citado instrumento, le encomienda trabajar en la reglamentación, en un plazo de 120 días desde su promulgación, circunstancia que motiva las labores de coordinación que viene impulsando la institución entre técnicos de sus distintas dependencias.
El Poder Ejecutivo había anunciado a inicios de diciembre pasado la promulgación de la nueva Ley de Compras Públicas.
Esta legislación busca, después de casi 20 años, transformar el sistema de contrataciones y mejorar el gasto del Estado en la adquisición de bienes y servicios. Los puntos centrales son la previsión de proyectos de interés para la compra estratégica y la priorización de las pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, la normativa tiene como objetivo generar un ahorro en las contrataciones por valor de USD 270 millones en los primeros cinco años de su implementación, recursos que podrían ser redireccionados o reasignados a mayor inversión y gastos sociales.