Conviene unas consideraciones más sobre algunas instituciones como defensoras y baluartes de la democracia y la estabilidad, en muchos casos no estando ellas sujetas a un control democrático directo. El Estado moderno comprende una variedad de instituciones creadas intencionalmente con blindaje contra indebidas interferencias políticas. En el Paraguay, algunas, como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Contraloría General de la República, tienen su origen en disposiciones constitucionales.
Otras tienen su principio en tratados y convenios internacionales, que tienen mayor rango constitucional que las leyes nacionales. Tal es el caso de las binacionales Itaipú y Yacyretá, el Mercosur, y diversos organismos multilaterales. También existen instituciones creadas por ley, como el Banco Central y las universidades, que gozan de independencia y autonomía.
El propósito de los blindajes de los cuales gozan estas instituciones es protegerlas de los vaivenes políticos circunstanciales en su gestión y permitirles cumplir sus funciones sin interferencia de voluntades espurias.
Para poder desempeñar sus cometidos, estas instituciones generalmente están integradas por personas con avanzada formación profesional o técnica que son correspondientemente bien remuneradas, creándose así una élite de prósperos funcionarios con poderes excepcionales que toman decisiones con impacto nacional e internacional. Las protecciones de las cuales gozan son esenciales para la adecuada ejecución de sus misiones, pero pueden llegar a inducir una suerte de soberbia institucional por la cual consideran que la rendición de cuentas es menos necesaria para ellas que para otros organismos del Estado. En efecto, hemos observado cómo algunas, en su momento, se han resistido a auditorías, o a la publicación de las remuneraciones de sus integrantes.
Con el tiempo, este tipo de actitudes se vuelven corrosivas para la propia sostenibilidad de las instituciones, debilitando el capital político que requieren para mantener su funcionalidad y efectividad. Se genera un resentimiento en la ciudadanía, que observa cómo decisiones que les afectan directamente son tomadas a puertas cerradas por burócratas privilegiados parapetados en oficinas de lujo y protegidos por autonomías, inmunidades e inamovilidades.
Un caso emblemático de esta situación, a nivel internacional, es el de la Comisión Europea, el organismo ejecutivo de la Unión Europea. Allí, los comisarios, funcionarios designados por los gobiernos de sus respectivos estados, dirigen una frondosa burocracia multilingüe que regula hasta los aspectos más minúsculos de la vida de los europeos, como la potencia de pavas eléctricas, la designación de variedades de quesos o la curvatura máxima de las bananas.
Estas normas y reglamentos, elaborados por calificados especialistas con la mejor intención de proteger a productores y consumidores, generan sin embargo una reacción negativa en muchos europeos que perciben un organismo distante y arrogante que interfiere imperiosamente en sus vidas diarias. Esta percepción contribuyó al brexit, el referéndum por el retiro del Reino Unido, y fomenta el fortalecimiento de partidos políticos en varios países europeos que bregan por el debilitamiento o la extinción de la UE.
Las instituciones que gozan de protecciones legales contra injerencia política, necesarias para su efectividad, deben también reconocer que esas mismas protecciones les imponen una mayor obligación de transparencia, comunicación y rendición de cuentas. Deben abrirse más, no menos, que otras entidades del Estado, al examen de la ciudadanía, y justificar a diario sus acciones y gestiones. La confianza y el apoyo del pueblo será al final la mejor garantía de la preservación de su blindaje y su supervivencia institucional.
A mayor autonomía, mayor responsabilidad de rendir cuentas. Las instituciones deben comprender que la transparencia no les debilita, sino que les fortalece.
