Opinión

Austeridad y calidad del gasto público

 

Próximamente el Poder Ejecutivo debe presentar al Congreso el proyecto de Presupuesto General de Gastos para el año 2020. El resultado de este proceso parlamentario marcará si seguimos con el derroche de los recursos públicos o iniciamos una política de austeridad y racionalización del gasto público para mejorar la disponibilidad y la calidad de los servicios públicos.

La historia reciente nos condena. Algunos ejemplos para graficar nuestra irresponsabilidad como sociedad en la utilización de los escasos recursos públicos. Con la reforma tributaria del 2004 y el crecimiento económico impulsado por el boom del precio de los commodities, entre el 2003 y el 2018 los ingresos fiscales aumentaron en USD 4.700 millones anuales. Sin embargo, el 93% de estos recursos adicionales fueron asignados a sufragar gastos corrientes, salarios y programas de transferencias. Las inversiones en infraestructura para ampliar los servicios básicos a la población quedaron relegadas. Decisiones de gran impacto fueron el irresponsable incremento salarial en el 2012, la modificación de las condiciones de acceso a la jubilación de los maestros en el 2009, etcétera.

No podemos seguir repitiendo esta historia cada año. Por ello, el ministro de Hacienda decidió crear la Comisión Público-Privada de Análisis del Gasto Público, con el objetivo de proponer medidas de austeridad y de reforma para mejorar la asignación de los recursos públicos y, por ende, la calidad de los servicios públicos. Esto refleja un compromiso del Poder Ejecutivo por avanzar en una mayor racionalidad en la administración de los recursos.

En esta Comisión se están analizando iniciativas para mejorar el sistema de compras públicas a través de una mejor reglamentación de la Ley de Contrataciones Públicas que permita incrementar la competencia en los procesos de compra y reducir los precios de los bienes y servicios adquiridos por las entidades públicas. Según estudios de técnicos del Banco Mundial, existen sobrecostos estimados en alrededor del 1% del PIB, aproximadamente USD 400 millones que podrían ser ahorrados mejorando el control de los procesos de contrataciones.

Por otro lado, hay una gran preocupación por la discrecionalidad y el desorden con relación a la contratación de funcionarios, la fijación de sus remuneraciones, los sistemas de recategorizaciones y los reajustes salariales indiscriminados. Como consecuencia, actualmente las remuneraciones de los funcionarios públicos son superiores a las de los trabajadores del sector privado, con una prima salarial cercana al 100%.

Para ordenarlo, es fundamental revisar y optimizar la estructura organizacional del Estado para la prestación de sus servicios y adecuar la dotación de recursos humanos; establecer reglas claras para la incorporación de funcionarios a través de concursos públicos de méritos, un plan de cargos y salarios con un esquema de rigurosas evaluaciones de capacidades y desempeño para las recategorizaciones; y, un sistema de reajustes de la escala salarial para mantener el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios públicos. Esto requerirá un proyecto de ley de organización administrativa del Estado y un nuevo régimen laboral para funcionarios públicos.

El tercer frente es la Caja Fiscal de Jubilaciones. Se proyecta un déficit de USD 130 millones para este año, explosivamente creciente. Esto se debe a generosos requisitos en la edad y tiempos de aporte para acceder a la jubilación, especialmente de militares, policías y maestros a quienes últimamente se sumaron los médicos y sigue una larga lista de espera. Es necesario crear un ente autónomo para la administración del sistema de jubilaciones de funcionarios públicos, y encarar una profunda reforma paramétrica del mismo para recuperar la solvencia económico-financiera, así como la equidad entre los distintos grupos profesionales.

Recuperar la confianza de la ciudadanía requiere de una visión clara y el compromiso de los tres poderes del Estado para modificar las actuales estructuras y mejorar la asignación y la eficiencia en el uso de los recursos que redunde en la mejor calidad de los servicios públicos que brindan las distintas instituciones del Estado.

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