El Gobierno anunció la promulgación del Decreto N° 6120/2026 con el objetivo de implementar medidas de priorización del gasto público durante 2026. Si bien este anuncio representa un reconocimiento explícito de la existencia de problemas en la gestión fiscal, los recortes puntuales sin reformas estructurales solo funcionan como mecanismos de reducción temporal del gasto. La sostenibilidad financiera del presupuesto público no se construye disminuyendo el volumen del gasto para reducir el déficit, sino garantizando inversiones con altos retornos económicos.
Avanzar hacia la calidad del gasto va más allá de decisiones de recortes puntuales, ya que durante años esa fue la respuesta, y al año siguiente continuó el mismo problema. De hecho, el mismo decreto señala la necesidad de controlar el gasto en servicios no esenciales o erogaciones no prioritarias. La pregunta es por qué se incluyeron esos gastos en 2025 si ya se había prometido austeridad.
En el contexto actual, más allá de la austeridad señalada, es necesario intervenir con urgencia en cuatro ámbitos que erosionan la confianza ciudadana y la solvencia del Tesoro: las ineficiencias en el sistema de contrataciones públicas, el costo financiero derivado de la deuda con proveedores, la ineficacia e ineficiencia en la gestión del empleo público, y el déficit de la Caja Fiscal.
El sistema de compras públicas es el instrumento que vincula los recursos estatales y la provisión de bienes y servicios básicos. Históricamente, las contrataciones en el sector público paraguayo han estado llenas de asimetrías de información, colusión, sobrecostos, tráfico de influencias, provisión de bienes y servicios de baja calidad, mala gestión de contratos e impunidad ante el incumplimiento. En estos casos la solución no pasa por la austeridad, sino por mejorar sustancialmente la gestión de las adquisiciones públicas.
La acumulación de deuda y retrasos en los pagos a proveedores convierten al Estado en un comprador moroso o impredecible con altos costos financieros sin retornos económicos. El Estado compra más caro porque paga tarde, y paga tarde porque el sobrecosto de lo que compra agota sus recursos disponibles. El costo financiero, producto de las deudas a proveedores, no tendrá ningún retorno económico para la ciudadanía; sin embargo, no se le puede aplicar medidas de “austeridad”.
El gasto en servicios personales absorbe la mayor parte de los ingresos tributarios. La austeridad lineal suele traducirse en suspensión de contratación o la prohibición genérica de aumentos salariales, medidas que si bien contienen el crecimiento del agregado, deterioran la capacidad operativa de las instituciones al no distinguir entre sectores sin beneficio social y sectores con déficit de personal que tienen grandes deudas con la ciudadanía como salud, educación o cuidados.
En lugar de “austeridad” lo que se necesita es mejorar la calidad del gasto en recursos humanos implementando un servicio civil basado en competencias, meritocracia y resultados, lo que exige incorporar en el presupuesto el pilar de remuneraciones basadas en resultados.
El sistema de jubilaciones y pensiones del sector público representa una de las mayores amenazas para la estabilidad macroeconómica debido al déficit de la Caja Fiscal. Este tampoco es un problema coyuntural ni que se solucione con medidas de austeridad es un defecto de diseño fiscalmente insostenible y socialmente regresiva.
El Decreto N° 6120/2026 marca una hoja de ruta para la contención del gasto en el corto plazo, pero debe ser el punto de partida de una transformación estructural. La experiencia internacional demuestra que los países que limitan su estrategia fiscal a la austeridad sufren el deterioro de sus servicios públicos, lo que a su vez obstaculiza las oportunidades para un crecimiento estable a largo plazo y generador de empleos de calidad. En definitiva, limita el avance hacia el desarrollo.
La sostenibilidad financiera del Estado paraguayo debe pasar de la discusión sobre cuánto se gasta a cómo se gasta. Reducir los sobrecostos en las compras del Estado mediante la erradicación de la morosidad con proveedores, profesionalizar la función pública bajo criterios estrictos de idoneidad y reformar la estructura previsional de la Caja Fiscal son las verdaderas reformas que devolverán la eficiencia y calidad al presupuesto general.
