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Aunque se ven avances en la inclusión, aún son lentos

PANORAMA. Más de 2.000 personas con discapacidad trabajan para el Estado. Sin embargo, existe un cupo para 13.000. INCENTIVO. Fomentar el emprendedurismo y el involucramiento del sector privado pueden contribuir a sumar más personas al sector laboral

El desafío o temor más grande que tuve al ingresar acá es ver cómo te van a ver los demás”, dice Luz María Vega. Desde hace 9 años, Luz María es integrante de la Dirección General de Comunicación del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La joven forma parte del grupo de 2.071 personas con dispacidad, en su caso visual, que trabaja para el Estado. Según comentó, para los funcionarios en su situación faltan algunas herramientas informáticas que no existen en el país por su alto costo. En particular un software que responde a la voz, ya que su tarea consiste en el monitoreo de medios. “Yo siempre me manejé en el sistema braille, tampoco es un problema para mí. Cuando tengo una información se la dicto a otro compañero para que la pase a la computadora”, dijo.
En el último trimestre, casi 200 personas con discapacidad fueron incorporadas al sector público. Sin embargo, teniendo en cuenta que cada Organismo y Entidad del Estado (OEE) debe contar con al menos 5% de estos funcionarios en su plantel, aún se está lejos de los 13.000 puestos que deben cubrirse en su totalidad.
Aparte de ir tras la meta de sumar cada vez a más personas, debe trabajarse en la calidad del empleo, menciona la presidenta de la Fundación Saraki, María José Cabezudo.
“Eso sería capacitar fuertemente a la gente de recursos humanos en procedimientos adecuados. Cada departamento en esta área debería estar muy bien preparado para asumir el desafío de todo este proceso”.
La infraestructura es otro punto que debe ser observado en las instituciones públicas, menciona Cabezudo. Desde su experiencia de cada día en el Ministerio de Salud Pública Luz María Vega no encuentra problemas para su desplazamiento diario. Aunque desearía contar con algunas rampas en ciertos sectores. Su reclamo se traslada más al Estado y reclama las ocupaciones de veredas.
Formación: La inclusión no solo debe ser cumplir con llenar un cupo. Para que sea efectiva, se debe formar a la persona con discapacidad y que sea idónea para el puesto, refiere la presidenta de Saraki. El trabajo debe apuntar también al grupo de compañeros del funcionario, ya que cada discapacidad tiene su trato adecuado y recomendaciones, lo cual no suele ser conocido, señala Cabezudo.
“Yo me siento como uno más de ellos. Me apoyan cuando necesito alguna ayuda”, cuenta Luz, quien es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación.
La funcionaria del MSP forma parte de la minoría de personas con discapacidad que cuenta con estudios superiores. La mayoría son personas que probablemente no terminaron el ciclo escolar básico y entonces se requieren medidas de urgencia. “Hay que reconocer que desde el Ministerio del Trabajo se está realizando un esfuerzo muy grande. Hay muchísimas capacitaciones para este grupo de la población”, revela Cabezudo.
Mirando más hacia el interior del país, la referente de Saraki propone potenciar otras alternativas de empleo. Particularmente apunta al emprendedurismo. Estas iniciativas podrían apuntar a ofrecer productos al sector público y privado.
Este último sector también podría involucrarse en sumar personas con discapacidad a sus empresas, menciona Cabezudo. “Como cualquiera, la persona con discapacidad puede optar por el tipo de trabajo que quiera. No a todos les interesa trabajar en el sector público”.
Estas palabras tienen más peso en el testimonio de Luz. “Que los directores de los medios sepan que por más que uno tenga una cierta discapacidad, igual uno puede. Esa mentalidad es la que tenemos que cambiar”.
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Para quienes seguimos comunicación, el anhelo es poder sumarnos a un medio. Podemos estar en la radio o también en un diario. Luz Vega, Dirección de Comunicación MSP.

“La ciudad es discapacitante y violenta”

“La principal deuda es tener en cuenta que existimos las personas con discapacidad en la ciudad”, afirma Mario Marecos (foto superior), de la Comisión Nacional por los Derechos de la Personas con Discapacidad (Conadis). Y pasa el recibo a las autoridades de turno como a la sociedad en su conjunto.

Con más de una década como activista, asegura que “no existe una voluntad política del Gobierno ni de la Municipalidad para trabajar en este tema de la inclusión”; la cual –dice– es un concepto que engloba el derecho de las personas con discapacidad.

“Acá se está violando lo que establece la propia Constitución, el libre tránsito de las personas. Es un crimen porque aparte de violar el derecho al tránsito, se viola el derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la salud”, cuestiona, y suscribe que “no queda mal decir que la ciudad (de Asunción) es discapacitante, violenta y criminal con las personas con discapacidad”.

Marecos señala que ellos no piden trabajo ni una política especial. Lo que reivindican es la “transversalidad” de los proyectos municipales.

“Es decir, si vamos a construir asfaltados, por qué no intervenir la propia vereda y ver cómo sacamos la columna, cómo hacemos que la vereda tenga uniformidad; si hay un árbol, qué mecanismo se puede utilizar para mantenerlo y se pueda usar la vereda”, enumera.

La segunda cuenta pendiente –indica– es el incumplimiento de las normativas y ordenanzas; y lo tercero, es la falta de inversión en accesibilidad de las personas con discapacidades físicas, cognitivas, sicosociales, auditivas y visuales.

“Poner simplemente rampas no es una cuestión de inclusión. Se debe tener en cuenta que hay cinco tipos de discapacidades, y una vereda en su totalidad debe de poder ser utilizada por todas esas personas”, postula, al estimar que entre 40.000 y 50.000 personas en Asunción tienen algún tipo de discapacidad.

“Cuando se ve a una persona en silla de ruedas, se piensa: ‘pobre, él no puede’. Pero en realidad, él puede y por qué no darle una oportunidad. No pedimos regalos, sino que termine la discriminación”, remata.

Nosotros no tenemos la libertad de transitar en esta ciudad, por lo tanto hay una violación constitucional al respecto. Mario Marecos, Conadis.

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