El documento oficial da cuenta de que el aumento del saldo rojo fue de USD 1.671 millones, lo que equivale al 4,7% del PIB. De ese total, USD 989 millones se ejecutaron dentro del plan de contingencia y USD 682 millones en la reactivación de la economía.
Dentro del primer componente, sustentado en la Ley de Emergencia, la toma de nueva deuda permitió costear el pago de salarios públicos por USD 300 millones; la asistencia a trabajadores, indígenas y presos, por USD 4 millones; el pago a jubilados, por USD 51 millones; y el servicio de la deuda pública, por USD 75 millones. Asimismo, se financiaron los programas Pytyvõ 1 y Ñangareko, entre otros, por USD 327 millones; los subsidios por servicios públicos, por USD 104 millones; y el equipamiento para Salud, así como las nuevas contrataciones de personal de blanco y el pago de las gratificaciones especiales a ese sector, por USD 127 millones.
En el plan de recuperación, por su parte, están incluidos el Pytyvõ 2.0, por USD 160 millones; los pagos a adultos mayores, por USD 48 millones; las transferencias a gobernaciones y el MEC, por USD 21 millones; y finalmente los proyectos de inversión pública, por USD 453 millones (ver la infografía).
CONVERGENCIA. Tras un año donde la deuda pública alcanzó el 33,5% del PIB y el déficit el 6,2% para enfrentar al Covid-19, el Ministerio de Hacienda envió al Congreso su plan de retorno gradual a la regla fiscal, mediante la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
De acuerdo con el proyecto remitido, la idea de la cartera es retornar al tope legal del 1,5% en el 2024, pasando del 4% en 2021, al 2,8% en 2022 y al 2,1% en 2023.
Con respecto al pasivo estatal, el Fisco propuso que este indicador no pueda sobrepasar el 40% del PIB. No obstante, este techo, como el del déficit del 3%, podrá ser superado en casos de emergencia nacional o si el crecimiento de la economía está siendo inferior en un 75% al promedio de los últimos 10 años.
Programas sociales crecieron en 2020
Los programas sociales más importantes que ejecuta el Gobierno, como la pensión alimentaria para adultos mayores y Tekoporã, al cierre del año 2020 experimentaron incrementos, según informó Hacienda. El primero registró una variación del 13,1% y alcanzó los G. 1,39 billones; mientras que el segundo creció en 2,4% y llegó a G. 409.000 millones.
