Editorial

Aumentar impuestos contribuirá a la eficiencia del gasto en salud

Los impuestos a bienes que causan daño a las personas no tienen necesariamente la misión de recaudar, sino más bien de desincentivar su consumo. El objetivo a largo plazo es contribuir a mejorar la salud, y con ello las finanzas públicas gracias a la reducción de los gastos destinados a enfrentar las enfermedades que generan. Así, las altas tasas impositivas al tabaco, al alcohol, a las bebidas azucaradas y a los alimentos con exceso de grasas, sal o azúcar constituyen un instrumento necesario para mejorar la calidad de vida y aumentar la eficiencia de los recursos públicos. Es un imperativo ético incrementar estos impuestos en Paraguay y ponerlos al mismo nivel que el de los países desarrollados.

En este caso, la tributación es un instrumento de política económica y de política de salud. Las evaluaciones de impacto realizadas por universidades de prestigio en el primer mundo encontraron que el principal resultado del aumento de los impuestos ha sido la reducción del consumo.

Si bien en los primeros años de implementación del incremento impositivo se verifican mejoras en la recaudación, el éxito en el desincentivo al consumo hace que a largo plazo las recaudaciones pierdan importancia frente a los logros en salud.

Paraguay se encuentra entre los países en transición epidemiológica ya que a la vez que se mantienen causas de mortalidad y de morbilidad por enfermedades infecciosas, están aumentando las crónicas como la diabetes, cánceres y la presión alta. Lo peor es que además está bajando la edad de aparición, afectando también a niños y niñas, como es el caso de la diabetes originada por la obesidad.

El tratamiento de estas enfermedades es altamente costoso para el país, pudiendo reducirse este efecto con medidas preventivas. Una de estas medidas es justamente el encarecimiento de los productos por la vía impositiva, tal como está claramente evidenciado en las evaluaciones realizadas alrededor del mundo. Adicionalmente, el aumento de impuesto genera recursos que pueden ser destinados a asegurar un mayor financiamiento de la política sanitaria, aunque esto, como se señaló, es temporal.

Para quienes señalan la urgente necesidad de aumentar la eficiencia del gasto público, los impuestos a estos bienes son un mecanismo fundamental para la consecución de dicho objetivo. Sin embargo, contradictoriamente, el mismo sector que solicita más eficiencia del gasto público es el que también rechaza la propuesta del Ministerio de Hacienda.

Los grupos que rechazan la medida pero solicitan mejoras en la eficiencia deben ser coherentes con su planteamiento. La prevención de enfermedades, en este caso a través del desincentivo al consumo de los productos que las generan, es la estrategia menos costosa y de mejores resultados. La política sanitaria preventiva también tiene suficiente evidencia en evaluaciones de impacto y de eficiencia que justifican ampliamente su priorización.

Pero más allá de las ventajas económicas de la tributación está la salud de las personas. No es moralmente aceptable que un país no imponga medidas sanitarias que beneficiarán a toda la población por garantizar el lucro de unas pocas empresas.

El Estado tiene como fundamento de su creación la garantía del bien común por encima de los intereses particulares. La salud de las personas no puede estar supeditada al negocio de un mínimo sector de la economía, lo cual se agrava cuando se incluye en el balance el importante nivel de gasto público que actualmente conlleva el tratamiento de las enfermedades y otras consecuencias del consumo del alcohol, tabaco y de bebidas y alimentos dañinos. Esperemos que la racionalidad y el derecho a la salud primen a la hora de discutir y aprobar el aumento de los impuestos a estos bienes.

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