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Aumentar el déficit no debe ser ni la primera ni la única opción

La persistencia del déficit público y el riesgo de un aumento por encima del nivel establecido en la normativa relativa a la responsabilidad fiscal son una señal de alarma. Las modificaciones tributarias planteadas por el Gobierno no parecen suficientes para hacer frente no solo al déficit sino también a la necesidad que tiene el país de ampliar y mejorar los servicios públicos y la infraestructura. La solución de ampliar el déficit sin mejorar las recaudaciones tributarias ni mejorar el gasto debe ser la última opción, no la primera ni, mucho menos, la única.

El escenario actual no es el mejor para plantear aumentar el déficit. La ralentización del crecimiento económico no ayudará a recaudar más en el mediano y largo plazo, así como están las cosas. El contexto internacional no mejorará en el corto plazo, por lo que es difícil prever que las recaudaciones aumenten por la vía del dinamismo económico.

Esta situación se veía venir hace años. Desde muchos ámbitos se alertó sobre los peligros de seguir endeudando al país sin hacer reformas importantes tanto desde el lado de los ingresos como desde el lado de los gastos. El endeudamiento creció más rápido que el crecimiento del producto y que el de las recaudaciones tributarias, por lo que esta combinación de factores complicaría el panorama fiscal.

Uno de los aspectos más importantes que revisar y sobre el que no hay avances tiene que ver con la calidad del gasto. Casi semanalmente se conocen datos relativos a gastos sobrefacturados, obras de mala calidad, incorporación de funcionarios públicos vinculados a políticos y existencia de gastos superfluos.

Muchos de estos aspectos son relativamente fáciles de enmendar. El problema es que en muchos casos hay una confluencia de intereses privados, funcionarios involucrados y relaciones políticas que obstaculizan cualquier decisión racional.

Al final prevalecen los intereses sectarios y particulares y no el bien común.

Por otro lado, hay sectores que deberían estar aportando más teniendo en cuenta los beneficios que reciben de nuestro país.

No puede ser posible que el país completo pague el esfuerzo fiscal que está realizando por tener mayor infraestructura siendo que algunos se benefician mucho más que otros.

La justicia social y la económica deben ponerse en un lugar primordial cuando hay problemas. No se puede dividir entre todos el sostenimiento del país cuando que hay sectores que históricamente se han beneficiado del crecimiento económico y se seguirán beneficiando a medida que las obras de infraestructura avancen y vayan teniendo impacto.

No se puede seguir perjudicando a la política de salud y educación que de por sí ya es deficiente. Los recursos que se destinan están entre los más bajos de la región, por lo que es difícil reducirlos y conseguir grandes avances en equidad y calidad cuando el esfuerzo fiscal es relativamente bajo.

El Ministerio de Hacienda debe ser responsable de estudiar y proponer otras opciones que vayan más allá de aumentar el déficit y proponer una mayor flexibilidad en tal sentido. Si bien estas otras opciones traen consigo conflictividad porque afectarán privilegios, ese es su trabajo. Para eso hay funcionarios de carrera formados y autoridades de confianza que asumieron compromisos en tal sentido.

Si no querían tomar decisiones complicadas no debieron haber aceptado el desafío de ocupar esos cargos. El Gobierno, cuando se lo propone, pacta y resuelve problemas. Este es un problema de alta prioridad e impacto, por lo que debe realizar el esfuerzo.

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