La persistencia del aumento del gasto salarial sin mejoras en la calidad de los servicios públicos genera un fuerte rechazo social y deslegitima el rol del Estado en el desarrollo. El Ministerio de Hacienda viene prometiendo desde hace años una reforma; sin embargo, no se ha implementado ningún cambio sustancial.
No es un problema de cambio de leyes. Existen normas que no se cumplen y cuando se incumplen no se castigan.
Por otro lado, hay contrataciones en ámbitos en los que no se necesitan más funcionarios mientras que en otros faltan.
Las escalas salariales son arbitrarias. Las remuneraciones no dependen de la función que desempeñan ni de las competencias, responsabilidades y resultados. La carga horaria también muestra desigualdades. Tanto los salarios como las jornadas laborales dependen más de la presión de políticos y sindicalistas que del compromiso de desempeñar una buena gestión a favor de la ciudadanía.
Salvo algunas normas como la que prohíbe el nepotismo, pero no lo castiga, el marco regulatorio vigente permite hacer reformas sin necesidades de cambios legales y todo el proceso de negociación que ello exige con el Poder Legislativo.
No hay que olvidar al Poder Judicial. La impunidad en los casos de mal desempeño de funciones y corrupción hace que las normas vigentes no sirvan de gran cosa.
Si los funcionarios irresponsables y deshonestos saben que no van a ser castigados, no tienen problema en aprobar y ejecutar acciones aun sabiendo que están mal.
Un problema no regulado y que sí debe abordarse con urgencia es el de la “puerta giratoria”. El nombramiento de altas autoridades provenientes del sector privado en instituciones relacionadas con sus intereses particulares implica casos de conflictos de interés, lo que también afecta al manejo de recursos humanos, porque se abre el espacio para el abuso de poder.
Las mejoras en el funcionamiento del servicio civil pueden empezar hoy sin grandes cambios regulatorios. El Poder Ejecutivo debería dar señales positivas de manera a generar apoyo ciudadano a las reformas más estructurales y de largo plazo. No habrá ningún ciudadano que se niegue a apoyar los cambios.
Tampoco habría que esperar rechazo por parte de los funcionarios, ya que se profesionalizarán y se protegerá su carrera de manejos arbitrarios por parte de políticos y empresarios.
La gestión para resultados que se encuentra impulsando el Ministerio de Hacienda no puede separarse del desempeño de los recursos humanos.
Los resultados se obtienen por el trabajo de las personas. Sin ese trabajo de calidad tampoco se puede esperar calidad de los servicios públicos.
El Ministerio de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública deben presentarle a la ciudadanía un plan que muestre resultados en el corto y mediano plazo y las reformas legales que podrían requerirse para cumplir dicho plan.
Los cambios deberían haberse empezado años atrás.