Por Iván Lisboa
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El Consejo de la Secretaría de Transporte del Área Metropolitana (Setama) recibió días pasados el informe de la Auditoría Interna sobre el manejo de las administraciones en el periodo 2003-2009.
A pedido de la Presidencia de la República, los auditores analizaron los mandatos de dos directores ejecutivos: los ingenieros Luis María Pereira –actual viceministro de Transporte– y José Tomás Rivarola –actual consejero por Central–; además de dos legisladores que se desempeñaron como interventores del ente: el diputado colorado Tadeo Rojas y el senador liberal Carlos Amarilla.
Este documento revela numerosas supuestas irregularidades en el manejo de los fondos de la institución que regula el transporte público.
Las conclusiones hablan de desvíos de fondos del erario público, malversación y daño patrimonial al Estado, menciona diferencias entre el dinero real y los registros contables y hace énfasis en el mal desempeño de funciones de los encargados de administrar la Setama.
Entre todos estos hechos, en presunta violación a las leyes 1.535/99 de Administración Financiera del Estado y 1590/00 de regulación de Setama, se señala que no hay documentación respaldatoria para saber que se hizo con un poco más de G. 6.200 millones (ver infografía).
“Hasta la fecha, la regularización de las mismas (Cuentas del Activo - Disponibilidades - Bancos) no han sido posibles en su totalidad, por tratarse de partidas conciliatorias que requieren explicación, justificación y evidencias con documentos respaldatorios suficientes, que acrediten la autenticidad de tales operaciones”, reza el informe final, que lleva la firma de la licenciada Betshalen Monteggia, directora de la Auditoría Interna.
Acciones. El titular de la Setama, abogado Agustín Encina, señaló que el informe ya fue puesto a consideración de todos los consejeros en la sesión del martes pasado.
Comentó que el pleno decidió esperar hasta la sesión del próximo martes 17 para decidir respecto a una medida, de modo a que los integrantes del Consejo puedan analizar las denuncias con tiempo.
“De hecho que se va a abrir sumarios administrativos para los funcionarios de esas administraciones que siguen en la institución y en sesión del martes 17 si accionamos penalmente contra las personas auditadas. Es una cuestión muy delicada, por eso el Consejo pidió tiempo para ver qué decisión adoptar”, manifestó el presidente del ente.
Copias de este informe detallado, ya fueron enviados a la Presidencia de la República, la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda, acotó.
“Ya comunicamos como corresponde a esas instituciones. Ahora, independientemente, ellos pueden tomar medidas legales o administrativas de acuerdo a como consideren los hechos denunciados en la auditoría. De hecho que el informe fue a pedido de la misma Presidencia”, expresó Encina.
Sin embargo, resaltó que espera una respuesta desde el Ejecutivo para proponer ante el Consejo las acciones a tomar, de modo a no cometer errores en el proceso.
Por su parte, los afectados coincidieron en manifestar que tienen los documentos para contrarrestar las denuncias y señalaron que si por desprolijidades de administraciones posteriores se perdieron los documentos, se debería investigar también a donde fueron a parar esos papeles.