28 mar. 2024

Asumir compromiso para sacar adelante al país sin hipotecarlo

La epidemia del coronavirus ha generado fuertes presiones al sistema tributario, tanto por la cuarentena como por la caída del consumo. La caída de las recaudaciones redujo la capacidad de pago del sector público, que hasta ahora no fue capaz de ajustarse como el sector privado. El Ministerio de Hacienda debe con urgencia presentar un plan para racionalizar gastos, especialmente aquellos relacionados con los salariales que tienen un alto peso relativo en los gastos totales, por lo menos para lo que resta del año. Es hora de que todos asumamos el compromiso de sacar al país adelante sin hipotecarlo en el futuro.

Si bien es necesario respetar los derechos laborales del sector público, también es cierto que hay un espacio para racionalizar gastos en materia de remuneraciones y otros beneficios. La otra opción es crear un fondo a partir de una reducción de salarios de los altos cargos, tal como se prometió.

Por un lado, es necesario reducir drásticamente los gastos relativos a bonificaciones de cualquier tipo, horas extras, pagos de vacaciones, alimentación, viáticos, pasajes. El Ministerio de Hacienda debe hacer un buen cálculo y presentar a la ciudadanía los rubros, los montos que representan y los plazos de racionalización. Muchos de estos rubros deberán ser eliminados definitivamente en algunos casos, y en otros deben ser sujetos de profunda reforma.

Por otro lado, los salarios de la alta gerencia deben ser reducidos a los niveles que exige un país que está en crisis, no solo fiscalmente sino toda su población. El 90% de las familias van a vivir con pocos recursos, el 10% restante debe hacer el mismo sacrificio.

La salida de la crisis exige un esfuerzo de todos. Este esfuerzo no puede resolverse con un incremento indefinido de la deuda para financiar a un sector que está siendo privilegiado. Si bien el derecho al salario de los funcionarios públicos debe ser respetado, el ajuste de los cinturones debe ser para todos.

La mayor parte de la ciudadanía está sufriendo los problemas del trabajo informal que no lo tienen los funcionarios públicos. Esto significa casi nulos ingresos durante tres meses y pocos ingresos en cuanto se flexibilice la cuarentena.

Los funcionarios públicos cobrarán los salarios tal como lo venían cobrando. Eso no está mal. Pero así como el resto se sacrifica, el servicio civil también debe poner de su parte reduciendo gastos y si es necesario reduciendo sus ingresos.

No es posible vivir en un país en el que la inmensa mayoría esté sufriendo mientras un sector no menor gana 20 o 30 veces más que el promedio. Estamos en crisis y todos debemos poner de nuestra parte.

Al inicio de la crisis se habían detectado numerosas vías para reducir los gastos en el sector público de manera a crear un fondo que permita financiar en parte la crisis fiscal por la que atraviesa y seguirá atravesando el país.

Es hora de que todos asumamos el compromiso de sacar al país adelante sin hipotecarlo en el futuro. La solución no puede ser seguir endeudándonos para financiar el alto costo que tiene el servicio civil. Ojalá entendamos que es necesario revisar la estructura de gastos y hacerla no solo más racional sino también más justa, de manera que la ciudadanía también sienta que su sacrificio vale la pena en términos de los servicios públicos que recibe.

Hoy, la ciudadanía siente que paga impuestos a cambio de servicios de mala calidad, mal trato por parte de los funcionarios, que en algunos casos también han demostrado desidia y pésima gestión. Solo basta preguntar qué opinan las personas del sistema judicial. Es hora de empezar a hacer los cambios para crear un servicio civil que acompañe las demandas ciudadanas y legitime el rol del Estado.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.