Sucesos

Arrom y Martí querían prescripción para volver

 

La Sala Penal de la Corte rechazó el hábeas corpus genérico planteado a favor de Juan Francisco Arrom y Anuncio Martí Méndez, ambos asilados en el Brasil, a raíz del caso de secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.

Pretendían con la citada garantía constitucional que se declarara la prescripción de la causa, se levantara la rebeldía y la orden de captura en contra de ambos procesados por el secuestro ocurrido el 16 de noviembre del 2001.

Fue el primer secuestro de este siglo y el inicio de una serie de secuestros posteriores. Por este caso fueron condenados Alcides Oviedo y Carmen Villalba. Arrom y Martí estaban procesados, pero escaparon antes del juicio oral y fueron asilados en el Brasil.

Los ministros Miryam Peña, Sindulfo Blanco y Gladys Bareiro de Módica, en forma unánime, rechazaron la garantía constitucional invocada por las hermanas Carmen y María Auxiliadora Arrom, bajo patrocinio del abogado Carlos Abadíe Pankow.

Las accionantes señalaron que los mismos estaban con declaración de rebeldía y órdenes de captura, pero que sobre ellos no pesaba ninguna sentencia condenatoria.

Señalaron que el 21 de agosto del 2003 el entonces juez de Sentencia, Gustavo Amarilla, había decretado la rebeldía y dictado la captura de Arrom y Martí.

Remarcaron que la acción penal por el caso ya se hallaba prescripta, y que por eso solicitaban que se declarara de esa manera y se levantaran las resoluciones. Con ello, ambos podrían regresar de su exilio en el Brasil.

No obstante, los ministros apuntaron que el hábeas corpus no era la vía para declarar la prescripción de una causa. Además, que los mismos estaban prófugos, por lo que debían presentarse para solicitar la prescripción.

El secuestro que dio origen al EPP
El secuestro de María Edith Bordón de Debernardi ocurrió el 16 de noviembre del 2001, y fue atribuido a la facción armada del Partido Patria Libre; actualmente opera como el Ejército del Pueblo Paraguayo.


La mujer fue secuestrada en Ñu Guasu. Fue liberada el 19 de febrero del 2002, tras el pago de USD 1.000.000. Hubo cinco condenados en la causa.

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