El legislador indicó que se trata de un tema sensible y muy necesario el de adoptar medidas de seguridad para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Señaló que la agresión sexual no tiene cura y que aquellos que fueron víctimas prácticamente no hablan del tema. “Es una realidad de la que no se habla por distintos motivos y son hechos que marcan de por vida”, remarcó.
El registro estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia y será público. La normativa establece que dicho registro será de consulta obligatoria para el concurso público o privado para cargos que impliquen contacto con los niños. “Esa persona está obligada a que conste que no es un agresor sexual”, puntualizó.
Varios diputados se manifestaron a favor de la creación del registro y destacaron la iniciativa de Blanco, que realizó un trabajo en conjunto con varias instituciones, entre ellas el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, para concretar el proyecto.
En un principio, el documento planteaba que los agresores debían figurar en el registro por lapso máximo de 10 años, pero la propuesta de la liberal Esmérita Sánchez, que tuvo el apoyo de otros parlamentarios, se decidió que sea de por vida.
La normativa en general fue aprobada por unanimidad, pero la bancada patriaqueridista que se abstuvo de votar en el punto que establece que debe ser de por vida, atendiendo a la posibilidad de reinserción.
