Un país que forma parte de la lista del GAFI es considerado una jurisdicción riesgosa y asociada a la falta de transparencia. Luego de la visita del Gafilat, se prevé la realización del plenario de países con los evaluadores para definir la situación local, por eso se denomina evaluación mutua (EM).
El Banco Central del Paraguay emitió un documento en el que resumía las posibles consecuencias, que van desde el riesgo de cierre de la reducción de las corresponsalías extranjeras hasta la disminución en la calificación de riesgo soberano.
Los efectos serán a nivel micro y macro, obligando al país a aumentar los esfuerzos durante los próximos años para volver a salir de la referida lista.
En los últimos años Paraguay ha avanzado en la aprobación de numerosas leyes tendientes a mejorar el marco institucional de la prevención de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Sin embargo, este es solo el primer paso, ya que esas leyes implican la creación de mecanismos que operacionalicen dichas normativas y la implementación efectiva de los mismos.
Entre estos instrumentos se encuentran no solo aquellos que mejoran la transparencia, sino también los que permiten detectar riesgos y enfrentarlos, incluyendo la sanción a las empresas y personas que violen las normas o realicen acciones ilegales.
El retraso en la visita de evaluación comunicada por la Seprelad responde a la imposibilidad del desarrollo del proceso a causa de las restricciones que persisten en los países de origen del equipo evaluador, relacionadas al estado de emergencia sanitaria por el Covid-19.
El año pasado ya se había postergado, por lo que Paraguay vuelve a tener tiempo para prepararse.
Las autoridades no pueden perder esta oportunidad, ya que el país contó con un año adicional para cumplir con las exigencias. Paraguay ha estado en la cuerda floja varias veces, pero siempre pudo salir.
No obstante, al no lograrse avances sustanciales, el camino se va haciendo más difícil y las consecuencias más graves.
Hay que tener en cuenta que años atrás teníamos una situación macroeconómica mejor, no se emitía deuda soberana.
Por otro lado, siempre es más fácil aprobar leyes que hacerlas cumplir. El primer paso ya se dio, por lo que ahora el sistema Judicial también tiene responsabilidad.
Esperemos que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial asuman la responsabilidad que les corresponde y realicen las acciones que permitan al país mejorar su institucionalidad y dejar de aparecer en las noticias como guarida de delincuentes o como uno de los países de mayor corrupción en la región.