Opinión

Aporte irrisorio

Wendy Marton – @WendyMarton

Apenas USD 61 millones fue lo recaudado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en concepto de impuesto a la renta agropecuaria (Iragro) en todo el ejercicio fiscal 2018.

Esto representó el 2,6% de los ingresos totales de la Administración Tributaria el año pasado.

Una cifra muy alejada de los USD 250 millones de ingresos que prometían las autoridades cuando se planteó la creación del Iragro, que reemplazó a otro fracasado tributo al agro: el Imagro.

Desde su entrada en vigencia en el 2014, el Iragro estuvo lejos de ser el esperado tributo que permita una mayor contribución del campo, atendiendo a la producción, tanto agraria como pecuaria.

Es más, según datos del Ministerio de Hacienda, inclusive el sector agrícola tributa en un porcentaje mayor que el ganadero, a pesar de que la producción cárnica se encuentra entre las mejores de la región.

Si bien las agroexportadoras tributan el impuesto a la renta a las actividades comerciales, industriales y de servicios (Iracis), el sector tampoco contribuye mucho con las arcas fiscales.

¿Cómo es posible desarrollar un país cuando el sector que se sirve de la tierra, deforesta y expulsa familias humildes hacia sectores urbanos contribuye tan poco en forma directa?

Hasta ahora, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo anuncian medidas para tratar de cambiar esta realidad, pero el poder del sector termina ganando todas las pulseadas.

Un país que carga más al sector menos pudiente de la sociedad con impuestos indirectos y privilegia a los sectores económicos más favorecidos con exenciones y leyes impositivas laxas difícilmente alcance la justicia social.

Hasta el momento tampoco hay una mayor imposición fiscal para los propietarios de grandes extensiones utilizadas para la explotación agroganadera, a través del impuesto inmobiliario.

Hacienda continúa trabajando en una reglamentación que haga posible aumentar el pago del impuesto inmobiliario –algo que beneficia principalmente a los municipios– para acercar los valores fiscales para el pago del impuesto inmobiliario con los valores reales de las propiedades utilizadas para la explotación agropecuaria.

En el informe Con la soja al cuello, publicado por la organización Base Is, Marielle Palau refiere que en estos 15 años, las corporaciones del agronegocio han ido conquistando territorios campesinos e indígenas con múltiples estrategias, ya sea por el poder del dinero o eliminando las condiciones de vida digna en las comunidades, provocando intencionalmente el endeudamiento de campesinos para obligarlos a que abandonen sus tierras, o directamente con asesinatos y la criminalización a sus referentes.

En el informe, agrega que cuentan con la complicidad de los gobiernos que financian la infraestructura que necesitan y flexibilizan los marcos normativos para que les sean funcionales.

Por ello, mientras no se aprueben leyes que protejan a los pequeños productores, y que impongan mayores cargas tributarias al agronegocio, Paraguay seguirá manteniendo un elevado porcentaje de extrema pobreza, de familias desplazadas sin posibilidad de acceder al sueño de la vivienda propia, y alardeando de una estabilidad macroeconómica que solo beneficia a los poderosos.

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