Era la oportunidad que tenían de recuperar su carrera y de salvar lo invertido con mucho esfuerzo personal y de sus familias, pero el resultado fue finalmente muy lamentable.
Unos 1.660 alumnos de Enfermería, que habían cursado la carrera en el Instituto Superior Latinoamericano, clausurado por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), como parte del proceso de regularización de las llamadas universidades de garaje o instituciones de educación terciaria que estaban funcionando en forma irregular, fueron finalmente sometidos a dos exámenes de competencia, y en su gran mayoría quedaron aplazados.
En el primer examen se habían presentado 1.043 estudiantes, de los cuales 415 reprobaron. Unos 352 se volvieron a presentar al segundo examen de competencia, de los cuales 344 se volvieron a aplazar. El nivel de los exámenes ni siquiera era muy exigente, comprendió “pequeños problemas de análisis cotidianos, que debían ir resolviendo, porque eso hace parte de su ejercicio profesional”, según la directora general del Cones, Haydée Giménez.
La masiva reprobación, que obliga a los afectados a volver a cursar la carrera, en el caso de que quieran persistir en la misma, además de ocasionarles perjuicios e inconvenientes, tanto a los alumnos como a la misma sociedad –ya que muchos de ellos ya se encontraban trabajando en clínicas y hospitales públicos–, revela el muy bajo nivel de educación que se impartía en las llamadas universidades de garaje.
Del gran total de alumnos que se presentaron a esta nueva prueba, solo 15 lograron aprobar y podrán gestionar sus títulos como profesionales en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Los demás deberán acogerse a la resolución de reinserción vigente desde el 2016, someterse a un nuevo examen de nivelación en otra universidad y desde allí poder determinar desde qué nivel de cursos podrán volver a cursar la misma carrera.
La culpa de lo ocurrido no es tanto de los jóvenes, sino de la autoridades y los legisladores que permitieron una mercantilización sin control de las universidades. Hay responsabilidad de quienes plantearon leyes para habilitar universidades directamente desde el Congreso, sin pasar por los organismos encargados del control de calidad de los planes de enseñanza y del tiempo mínimo requerido de asistencia a clases. De ese modo se habilitaron universidades que expedían títulos de profesionales a personas que apenas habían asistido a las aulas, pero sin embargo salían a ocuparse de la salud en los hospitales, a construir edificios, a tener influencia decisiva en la vida de las personas.
Ahora se busca que el sistema educativo universitario pase por un proceso de corrección. Urge seguir arreglando los daños causados.