Se trata del proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 30 de la Ley 879/81 “Código de organización judicial”.
Entre las justificaciones, se señala que se busca garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional en lo referente a la atribución que se otorga a la Contraloría General de la República de ser una entidad fiscalizadora superior.
Con esta normativa, se eliminarían las barreras que algunas instituciones presentan, entre ellas, acciones de inconstitucionalidad que impiden auditorías de control.
La Contraloría cuestionó en varias ocasiones que no puede ingresar al TSJE, sobre todo luego del incendio, cuando surgieron varias dudas sobre la gestión de esta institución, y fue lo remarcado por Ramírez. “Nosotros, desde nuestro espacio de oradores, venimos reclamando lo sucedido en el TSJE con el episodio del incendio, donde se perdieron unas 7.000 máquinas de votación y se puso en riesgo el sistema TREP para saber los resultados en tiempo real a medida que se realiza el conteo. Esto pone en riesgo la credibilidad de una institución que es la base de la democracia. Por la información que manejamos, el edificio siniestrado no estaba preparado para ser depósito del equipamiento, y el Congreso había autorizado un proyecto para eso, pero finalmente el edificio que era para las máquinas se utilizó para oficinas; acá desde nuestra mirada existen claramente una serie de irregularidades que se podían corregir con una auditoría de la Contraloría General de la República”, aseveró el legis-lador oficialista.
La traba principal proviene del mismo presidente, Jaime Bestard. “Nosotros reclamamos en varias oportunidades el hecho de que el TSJE no tiene una auditoría desde el 2014, resguardándose en una inconstitucionalidad; desde la CGR estaban preparando un proyecto que hoy está siendo ajustado en Presidencia de la Cámara para ingresar en alguna sesión antes de fin de año”, adelantó Ramírez.