La creación de esta comisión se aprobó en agosto pasado, atendiendo a los reiterados pedidos de Naciones Unidas a Paraguay para crear una comisión imparcial que tomase en cuenta las denuncias de violaciones de derechos humanos que envuelven al caso.
En la reunión, Acevedo informó a los familiares de que dicha comisión estará integrada, entre otros profesionales, por el abogado Diego Bertolucci, que prevé estudiar los documentos, recabar testimonios y acudir al lugar de los hechos, en el distrito de Curuguaty (este), para completar su investigación.
Martina Paredes, familiar de uno de los campesinos fallecidos en la masacre, declaró a Efe que los familiares se mostraron “sorprendidos” de que se hubiera designado a los miembros de la comisión independiente sin consultarles, y pidieron que entre los integrantes de dicha comisión haya personas de su confianza.
“No estamos satisfechos, porque queríamos que se elijan personas de nuestra confianza, que nos pregunten, para poder hacer una investigación seria e independiente”, opinó.
La comisión especial de investigación externa sobre el caso Curuguaty deberá investigar tanto la matanza como el proceso judicial que se siguió a los acusados por estos hechos.
La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a un grupo de campesinos que ocupaba unas tierras para pedir que se integrasen a la reforma agraria.
Durante el desalojo resultaron heridas cerca de un centenar de personas, y murieron once campesinos y seis policías.
Tras estos hechos, la Fiscalía solo investigó las muertes de los policías e imputó por ellas a once campesinos, la mayoría de los cuales son familiares de los labriegos fallecidos.
En julio de 2016, tras cuatro años detenidos, los once campesinos fueron condenados en relación con el caso, y cuatro de ellos fueron sentenciados a penas de entre 18 y 30 años de prisión, acusados de homicidio doloso, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
Las tres mujeres condenadas por el caso fueron sentenciadas a seis años de prisión, que cumplen bajo arresto domiciliario, mientras que los restantes cuatro acusados fueron condenados a cuatro años de cárcel, y quedaron en libertad porque su pena ya fue compurgada desde 2012.
Los abogados defensores apelaron la sentencia, debido a que consideran que hubo numerosas irregularidades en el proceso, y afirman que los hechos por los que fueron condenados los once acusados no pudieron demostrarse en ningún momento del juicio.
Tras la lectura de la sentencia, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Husein, mostró su preocupación por las condenas, en un proceso en el que “presuntamente no se respetaron las garantías procesales”.
Argumentó además que Paraguay tampoco investigó las denuncias de los campesinos sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales durante la matanza, ni sobre supuestas torturas y otras violaciones de derechos humanos.
La matanza de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar la destitución del entonces presidente Lugo en un juicio político tildado de irregular por instituciones como el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
